Nota del editor: Ryan C. Berg es investigador en Estudios Latinoamericanos del American Enterprise Institute. José Ignacio Hernández es integrante visitante de la Escuela Harvard Kennedy, profesor de derecho venezolano y ex fiscal general especial del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.
(CNN) – Después de las elecciones antidemocráticas y robadas del domingo pasado, que le dan el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a Nicolás Maduro, la administración de Joe Biden enfrentará una dictadura consolidada en el país sudamericano.
Esto llega en un momento en que el presidente electo ha hablado de su voluntad de “presionar por un resultado democrático a través de elecciones libres y justas”. Además, la pandemia ha dado lugar a demandas crecientes para que se reduzcan las sanciones y se repiense la campaña de “máxima presión” de Washington. Ceder con demasiada facilidad a estas demandas genera el riesgo de que se desperdicie la ventaja que hereda Biden.
Casi dos años después de las primeras sanciones económicas amplias contra PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural, la transición política estancada en Venezuela ha sido utilizada como evidencia de que las sanciones están “frenando a la oposición venezolana”. Y aunque las sanciones no han causado la emergencia humanitaria actual (la mala gestión económica de Maduro y la cleptocracia sí lo han hecho), las sanciones económicas, particularmente a la industria petrolera, han creado restricciones a la importación de bienes críticos y preocupaciones válidas sobre las dificultades que enfrentan los pobres de Venezuela. Desde una perspectiva humanitaria, levantar las sanciones parece razonable.
Los objetivos de las sanciones
Esta línea de pensamiento pasa por alto un hecho importante: las sanciones económicas no son solo herramientas utilizadas para promover una transición política. También son medidas destinadas a reducir los recursos de Maduro para financiar la maquinaria represiva que contribuye a sus abusos inconmensurables contra los derechos humanos. El levantamiento de las sanciones no promovería una transición democrática ni mejoraría la calidad de vida de los venezolanos promedio. Incluso podría empeorar las cosas para ellos.
La verdadera limitación vinculante de Venezuela es que, con o sin sanciones, seguirá siendo un Estado profundamente fallido. Un Estado en el que las instituciones débiles han sido cooptadas por organizaciones ilegales para financiar la cleptocracia y aplastar sistemáticamente los derechos humanos. Independientemente de las sanciones, el país está gobernado por un régimen autoritario comprometido a permanecer en el poder a toda costa.
Sin las cadenas de las sanciones económicas, Maduro tendría una mayor capacidad financiera para impulsar sus políticas predatorias. Y carecería todavía más de incentivos para una solución negociada.
Además, incluso sin sanciones, la industria petrolera venezolana permanecería en un estado de deterioro absoluto. Mientras tanto, Maduro aprovecharía su reciente “ley antibloqueo”. Esta pasa por alto a la Asamblea Nacional y le otorga poder discrecional ilimitado para firmar acuerdos de transferencia de petróleo con cualquier persona, empresa o estado.
Una crisis compleja requiere soluciones complejas
Tampoco es justo evaluar la efectividad de las sanciones estadounidenses únicamente sobre la base de los resultados políticos, ya que el programa apunta a algo más que una simple transición política en Venezuela. Las sanciones de enero de 2019 están destinadas a ser una de las herramientas más importantes para reducir la capacidad de Maduro para desviar dinero de los activos estatales.
Es fundamental que las sanciones pueden cortar la financiación de las instituciones represivas implicadas en los abusos de derechos humanos. Como concluyeron los miembros de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, designada por las Naciones Unidas: el régimen de Maduro ha “cometido violaciones de derechos humanos a gran escala, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad”. Si se levantan las sanciones, el régimen de Maduro podrá continuar su reinado de terror mientras el Estado venezolano se derrumba.
Una crisis compleja requiere soluciones complejas. La transición venezolana a la democracia no es solo política, sino también un proceso complicado que debe abordar una emergencia humanitaria en curso. También debe abordar una crisis masiva de refugiados y migrantes, y el colapso y la criminalización absoluta del Estado venezolano.
En consecuencia, proteger los derechos humanos y promover una transición política requiere una amplia gama de herramientas internacionales, incluidas las sanciones. Las sanciones individuales, como las impuestas por Estados Unidos, junto con mayores garantías y una estrategia diplomática más comprometida, podrían crear la combinación adecuada de incentivos para que el círculo íntimo de Maduro visualice un futuro pos-Maduro.
¿Cuál es el desafío de Biden con respecto a Venezuela?
El desafío para la administración entrante de Biden será recalibrar el programa de sanciones para mejorar su efectividad como herramienta en una estrategia diplomática más amplia contra la dictadura de Venezuela, y reducir al mismo tiempo su impacto negativo sobre el pueblo venezolano.
Idealmente, Biden y su equipo deberían expandir las excepciones humanitarias en el programa de sanciones. Esto mejoraría su eficiencia mientras que se reduce o al menos sin que aumente la capacidad de Maduro para robar ingresos y activos venezolanos y esconderlos en el extranjero.
Esta reforma humanitaria requerirá un acuerdo con los actores políticos y las ONG sobre el terreno, con el apoyo de la comunidad internacional. Es un objetivo que puede abrir las puertas a una solución política más amplia en Venezuela. Esta es una tarea que requiere aumentar la presión interna sobre Maduro.
Sin embargo, ninguno de estos resultados se logrará en Venezuela si Biden simplemente levanta las sanciones económicas. Junto con el gobierno interino venezolano, que el presidente electo debe seguir reconociendo como legítimo, la administración entrante debe desarrollar una estrategia de sanciones diferente. Debe promover excepciones humanitarias efectivas y utilizar las herramientas diplomáticas estadounidenses para obstaculizar la rapacidad de Maduro.
Esto aumentaría la probabilidad de un final democrático a través de una estrategia diplomática audaz: un mejor conjunto de opciones para abordar la complicada transición a la democracia en Venezuela. La naturaleza sin precedentes de la crisis de Venezuela requiere la persistencia y el pensamiento innovador de Estados Unidos.