(CNN Español) – El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a siete ciudadanos de El Salvador y Guatemala a su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conforme a una ley que por lo general implica que a los señalados se les cancela la visa y no son elegibles para obtener beneficio inmigratorio alguno en varios años.
Ninguno de los sancionados con base en la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de EE.UU. enfrenta proceso penal o civil alguno en El Salvador o en Guatemala.
De El Salvador fueron incluidos cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, a quienes el Gobierno de EE.UU. considera responsables de socavar los procesos democráticos o instituciones al aceptar nombramientos directos a la Cámara por la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber infringido la Constitución de El Salvador.
El documento estadounidense agrega que estos magistrados aprobaron una interpretación controversial de la Carta Magna que autorizó la reelección del presidente “a pesar de una prohibición expresa en la Constitución de términos consecutivos de la presidencia”.
CNN está tratando de comunicarse con los magistrados para obtener sus reacciones.
Poco después de conocerse la lista, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió al tema en Twitter: “Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera”, escribió el mandatario. “Es extraño que no viene mencionado NADIE de la oposición. Tal vez por angelitos”, agregó. Finalmente, cuestionó que la lista no incluía a hondureños. “Qué raro”, expresó.
La fiscal general de Guatemala entra en la lista
Washington señala a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, de obstruir e interferir investigaciones de actos de presunta corrupción.
En su comunicado, el Departamento de Estado afirma que Porras incluyó la orden de “ignorar” casos basados en consideraciones políticas y socavando las investigaciones llevadas a cabo por el ahora exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, que fue destituido.
El documento agrega que en Guatemala se transfirieron y despidió a fiscales que investigan la corrupción en el país. El Gobierno de EE.UU. también señala al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, de obstruir investigaciones sobre actos de corrupción mediante la interferencia en las indagaciones.
CNN está tratando de comunicarse con el Ministerio Público de Guatemala para obtener una respuesta a los señalamientos.
“Estados Unidos continuará usando las herramientas a nuestro alcance para promover la rendición de cuentas por los ataques en las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica”, señala el comunicado del Departamento de Estado.
El Ministerio Público de Guatemala rechazó las medidas tomadas por Estados Unidos y las calificó de “falsas e infundadas, ya que tienen como base supuesta información obtenida a través de ciertos medios de comunicación y otras fuentes, principalmente de personas que evaden la justicia, razón más que suficiente para advertir que dichos señalamientos son infundados y carentes de toda veracidad”.
Según un comunicado del Ministerio Público emitido la noche del lunes, la entidad realiza sus acciones con estricto apego a la legalidad.
Merlin Delcid y Michelle Mendoza colaboraron con este informe.