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Para María Corina Machado no bastó con ganar, ahora debe luchar por participar en las presidenciales de 2024
Nota del editor: Osmary Hernández es corresponsal de CNN en Español. Alfredo Meza es jefe de redactores y editores de CNN en Español. Excorresponsal de El País de España en Venezuela, fundador del portal de periodismo de investigación Armando.info, formó parte del equipo que obtuvo el Premio Pulitzer en 2017 por la investigación colectiva de los Papeles de Panamá. Entre junio de 2011 y noviembre de 2012 trabajó como estratega comunicacional de la entonces diputada María Corina Machado.
(CNN Español) -- Al filo de la medianoche del 22 de octubre, tras conocer los resultados de las elecciones primarias del sector mayoritario de la oposición de Venezuela, la ganadora, María Corina Machado, salió desde su oficina, una vieja casa de dos pisos ubicada en las faldas del cerro Ávila, en el noreste de Caracas, para dirigirse a las decenas de personas que habían acudido al lugar a felicitarla e hizo una promesa: “En el 2024, vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro y a su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación”.
Sin embargo, tras esa declaración de intenciones, el Gobierno de Nicolás Maduro marcó una línea roja entre Machado y sus objetivos.
Después de las primarias, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto en una ponencia los resultados de esos comicios autogestionados ––que se habían celebrado después de que el Consejo Nacional Electoral tardara más de tres meses en responder a la solicitud de apoyo técnico de la Comisión Nacional de Primaria, organizadores de la votación––, y recordó que la candidata está inhabilitada para ejercer cargos electos mediante el voto por una decisión de la Contraloría General de la República.
Según el dictamen, de fecha 30 de junio, la sanción impuesta a Machado dura 15 años. A juicio de la dirigente, dicha medida es ilegal e inconstitucional.
Para Machado ese tema de la inhabilitación “lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos el domingo pasado (en referencia al 22 de octubre), no tengo más nada que decir al respecto”. La dirigente no ha aclarado cómo se plantea revertir esta medida o reaccionar en caso de que no lo logre.
Además, cada semana el diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo recuerda en su programa de televisión. En la emisión del 30 de octubre dijo: “El que está inhabilitado no va, la que está inhabilitada no va. Llámese como se llame”.
Las autoridades venezolanas argumentan, además, que la celebración de elecciones es competencia exclusiva del Poder Electoral. Mientras, la Fiscalía General de la República inició una investigación por presuntas irregularidades en el proceso y bajo la hipótesis de que los organizadores exageraron las cifras de participación.
¿Qué establece la legislación venezolana sobre las inhabilitaciones?
CNN consultó al abogado Alí Daniels, codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, quien explicó que, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución de Venezuela, sólo pueden perderse los derechos políticos por sentencias definitivamente firmes de un tribunal que así lo determine.
Daniels aclara que existe también la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que estableció un tipo de inhabilitación administrativa, es decir, no judicial. Dicho texto, no obstante, establece una serie de pasos antes de llegar a una decisión: la persona que es objeto de la medida es notificada de los cargos que se le imputan, tiene derecho a tener una audiencia pública en la cual pueda defenderse y promover las pruebas que considere y luego ser notificada de la decisión
Al ser consultada por la prensa Machado aseguró que ese proceso no se cumplió.
“Yo no he recibido ni una notificación. ¿Qué es lo que voy a recurrir? ¿Algo que no existe? O sea, a mí nadie nunca me ha mandado ni un papel, diciendo que yo he hecho algo malo. Entonces, si no hay delito, si no hay procedimiento y si no hay decisión ¿qué es lo que yo voy a recurrir?”, dijo Machado el 11 de octubre.
La Contraloría no respondió a la consulta de CNN sobre si Machado había sido debidamente informada del proceso.
El recuerdo de la inhabilitación
La medida que lastra la candidatura de Machado se conoció mucho antes de que aspirara a la candidatura presidencial, pero a finales de junio, a medida que la exdiputada se perfilaba como la persona con mayores oportunidades de ganar la consulta opositora, y se acercaba la hora de postularse, uno de sus adversarios políticos acudió a la Contraloría para conocer el estatus de la sanción.
Se trata del diputado José Brito, un parlamentario que se define como opositor, pero que en diversas oportunidades ha actuado en línea con estrategias del gobierno. Brito es líder de Primero Venezuela, una organización formada con disidentes del opositor Primero Justicia, y decidió no participar en las elecciones primarias por falta de confianza en el proceso.
En ese momento Brito aseguró que a la candidata de Vente Venezuela le había sido impuesta una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo mediante resolución emitida en fecha 13 de julio de 2015 por un período de 15 años.
CNN contactó a la Contraloría General de la República para conocer su versión, sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
Es la segunda inhabilitación de Machado, la primera fue en 2015 por un año y de ese mismo proceso, 8 años después, surgió una segunda inhabilitación por 15 años más sin proceso judicial.
En marzo de 2014, cuando era diputada, Machado había aceptado el cargo de representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos para tomar el derecho de palabra en una sesión de la organización. Por esa razón, la mayoría chavista del Parlamento la despojó del cargo y posteriormente vino la inhabilitación de la Contraloría.
La exparlamentaria rechazó enérgicamente en su oportunidad ambas medidas.
Al respecto, Daniels aclara que “las inhabilitaciones sólo pueden nacer de la comisión de ilícitos contra la cosa pública, es decir, contra el manejo de bienes públicos y ese es otro elemento”.
Señala que en Venezuela hay personas que están inhabilitadas y nunca han manejado recursos públicos y puntualiza que, de hecho, la propia María Corina Machado fue diputada, pero ella en lo personal no manejó recursos públicos salvo sus ingresos.
En el fallo de la inhabilitación por 15 años se señala que Machado no incluyó en su declaración de impuestos los bonos de alimentación que recibía como parte de sus ingresos.
Aclara Daniels que se trata de bonos que constituyen cantidades ínfimas, y que, aunque no declararlos constituiría una falta, no es una cantidad proporcional como para establecer una sanción, a su juicio, ni de un año ni de 15.
Machado no se ha pronunciado sobre este último aspecto y no respondió a la petición de comentarios de CNN.
Más allá de sus competencias administrativas, altos dirigentes del oficialismo han sumado a sus discursos otras supuestas razones para justificar las medidas que impiden que María Corina Machado ejerza sus derechos políticos.
En la emisión del 30 de octubre de su programa, y en referencia a la exdiputada, Machado dijo que una persona que pidió la invasión de su país y que promovió las sanciones “está inhabilitada moralmente para ejercer cargos de elección popular”.
CNN contactó a la Fiscalía General de la República para conocer si existe una investigación abierta contra María Corina Machado relativas a las menciones que hace Cabello, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.
A juicio de diversos juristas, el proceso de inhabilitaciones no se desarrolla apegado a la ley.
Daniels considera que no existe en estos casos un juicio, porque todo se hace por vía administrativa y de un día para otro. Afirma que no hay manera de justificar esas decisiones. En su opinión, quien las defienda está defendiendo también la arbitrariedad.
En 2021 la Misión de Observación de la Unión Europea, durante sus labores en las elecciones regionales y municipales de aquel año, destacó que la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, ente otras características del proceso, afectaban la igualdad de condiciones para competir en las elecciones.
Las autoridades venezolanas han desestimado estas opiniones porque consideran que cuentan con un sólido sistema electoral.
Al respecto, Machado había dicho que no deben centrarse solamente en lo que calificó como una “aberración jurídica”. Considera que ya todos saben que existe un sistema, que lo ha dicho, que está dispuesto a todo antes de ceder al poder. Pero finaliza afirmando que las realidades han cambiado.
Para algunos analistas, las inhabilitaciones se han convertido en herramientas políticas del régimen de Maduro para impedir que los líderes opositores lleguen al poder.
En la lista de inhabilitados destacan el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, de Primero Justicia; el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y de ese mismo partido, el exdiputado Freddy Superlano.
De hecho, Superlano conoció sobre su inhabilitación después de haber ganado en 2021 la gobernación del estado Barinas, estado natal del fallecido presidente, Hugo Chávez, y bastión simbólico para el chavismo. La situación obligó a repetir los comicios.
El punto de la discordia en Barbados
Las inhabilitaciones son uno de los aspectos más polémicos que enfrenta al Gobierno de Maduro con la representación de la oposición en la mesa de negociación de Barbados, que giran sobre el levantamiento progresivo de las sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de derechos políticos y garantías electorales para los adversarios políticos, además de otros temas económicos y sociales que buscan poner fin a la crisis del país.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del Gobierno en esa instancia, dijo el 17 de octubre, justo después de firmar un acuerdo parcial sobre garantías y derechos políticos, que promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos contenidos en la ley venezolana.
Rodriguez aclaró: “Si una persona cometió un crimen y en ese sentido fue sentenciado por ese crimen, no puede ser candidato y si recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato”.
Entretanto, la oposición trabaja para intentar encontrar una solución en el marco del acuerdo firmado en Barbados justo antes de la elección primaria.
Al respecto, Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora de la oposición, afirmó que siguen insistiendo en “una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad”.
En el proceso hay un tercer actor político fundamental, Estados Unidos.
A mediados de octubre, el país norteamericano levantó por seis meses ––renovables por períodos iguales–– algunas sanciones que le impedían a personas y empresas de Estados Unidos comercializar oro, gas y petróleo de Venezuela, y que también bloqueaban la negociación de bonos de la estatal PDVSA.
Fue un gesto de Washington tras la firma del acuerdo de Barbados, aunque el Departamento de Estado ha aclarado que la decisión está supeditada a que el régimen de Maduro permita que todos sus adversarios políticos puedan participar en las elecciones.
En público, Estados Unidos ha insistido en levantar la inhabilitación de María Corina Machado, e incluso ha advertido que “desmantelará el alivio” en noviembre si no cesan las inhabilitaciones políticas a la oposición.
Las declaraciones fueron rechazadas de forma categórica por Jorge Rodríguez, quien dijo que Venezuela no acepta presiones ni chantajes.
También ha recibido respuesta por parte de voceros que no forman parte de la mesa de negociación como Diosdado Cabello.
“Que diga que llamó a Biden, a Bush, a quien quiera, no va. Eso no depende de nosotros. Está aquí en la Constitución y la ley. Casualmente hoy sale una sentencia que habla personas inhabilitadas por 15 años. Inhabilitaciones firmes de 15 años. Y todo esto que están haciendo se les suma. Después no vayan a chillar”, dijo Cabello al responderle a Machado y a Estados Unidos.
Para algunos, la decisión de la Sala Electoral de desconocer el resultado de las primarias podría buscar que la candidatura de Machado pierda fuerza.
Tal es el caso del periodista y experto electoral Eugenio Martínez, quien afirma que el Gobierno está apostando a que el liderazgo de Machado sea efímero y coyuntural, y que de aquí al mes de abril, cuando tenga que discutirse la renovación de la licencia otorgada por Washington, ese favoritismo se haya diluido tanto que no importe habilitarla porque no representaría un riesgo para ellos. La incertidumbre sigue marcando la ruta a los comicios de 2024
El sector de la oposición que abanderó a Machado considera que aceptar la inhabilitación de la candidata es permitir que el Gobierno elija a su contrincante. Además de eso, los adversarios del régimen tienen del desafío de reorganizarse y alinearse en una misma estrategia para fortalecer su propuesta.
El Gobierno, mientras tanto, busca que el alivio de las sanciones y el desgaste de Machado lo ayuden a mantener el poder que detentan desde hace casi 25 años.
