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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la decisión que liberó al expresidente peruano Alberto Fujimori
(CNN Español) -- Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazó la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, que ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, por contradecir las obligaciones internacionales del Estado peruano e incumplir las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH, el órgano principal y autónomo en materia de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), difundió su posición contra la Justicia de Perú a través de un comunicado publicado en su portal oficial.
Alberto Fujimori, de 85 años, fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. En 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Se encontraba recluido en el Penal Barbadillo de Lima, cumpliendo una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos.
No obstante, el Tribunal Constitucional de Perú emitió una sentencia el martes autorizando su liberación, basándose en un indulto concedido en 2017 por el entonces mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski "por razones humanitarias".
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional de Perú había fallado a favor de la liberación de Fujimori, pero su salida de la cárcel entonces no fue posible porque, días después, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH) frenó su excarcelación.
Un día después del fallo de este martes del Tribunal Constitucional de Perú, Fujimori salió de la cárcel y escoltado a la residencia de su hija Keiko, en Lima, en medio de una multitud de personas, algunos simpatizantes del expresidente y otros detractores.
En el comunicado emitido el viernes por la CIDH, la entidad recordó que Fujimori cumplía una condena como "autor mediato de la masacre de 15 personas en Barrios Altos, la desaparición forzada y ejecución de 10 estudiantes de la Universidad La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer".
El expresidente de Perú Alberto Fujimori sale en un automóvil de la prisión de Barbadillo luego de ser liberado el 6 de diciembre de 2023 en Lima, Perú. (Foto de Mariana Bazo/Getty Images)
Y que "en 2022, la Corte IDH (Interamericana de Derechos Humanos) ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto, debido a que determinó que no se cumplieron las condiciones determinadas en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta".
Esta semana, la CIDH calificó la liberación de Fujimori de desacato, en contravención a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
"La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad", señaló la CIDH en su comunicado.
Para Elio Riera Garro, el abogado defensor de Fujimori, en este momento no existen pruebas que justifiquen el encarcelamiento del expresidente peruano.
"En el caso en concreto con respecto a esa sentencia, no existe ningún elemento directo que lo vincule al señor expresidente. Yo los invito a que puedan revisar esa sentencia. No existe ninguna vinculación, si pretendemos sostener que el señor expresidente, conocía a ellos", comentó Riera Garro el jueves.
"El señor expresidente [Fujimori] tendría que haber conocido todo lo que sucedió en comisarías, lo que sucedió también en gobiernos regionales, eso no se puede sostener. Como no existe ningún elemento directo, lo estamos cuestionando y estoy convencido que lo vamos a ganar", agregó el letrado en un intento de desvincular a su cliente de los delitos de los que se le acusa.
