Qué está en riesgo con la polémica reforma cultural que propone Javier Milei

(CNN Español) -- “Quiero subrayar que me parece terrible que quieran cerrar el Fondo (Nacional) de las Artes. ¿Qué hubiese sido yo en mis comienzos si no hubiese obtenido esos préstamos?”. Marta Minujín, conocida mundialmente por su obra vanguardista, es una de las artistas argentinas que se pronunció contra la reforma de los organismos culturales que propone el presidente Javier Milei, y que incluye la eliminación o rebaja de jerarquías de diversas entidades del gobierno nacional, despidos y reducción de puestos.

Además de la disminución de rango del Ministerio de cultura a Secretaría, el gobierno de Javier Milei reservó un capítulo completo en el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que se discute en el Congreso, a poner la lupa sobre los contenidos y producciones culturales: teatro, cine, literatura, música y artes plásticas. Ninguna expresión queda fuera del paraguas que busca reformar los mecanismos e instituciones que fomentan la producción, la formación y la participación cultural.

Artistas, escritores, actores y músicos se pronunciaron contra los artículos que conforman este capitulo de la megarreforma de Milei, pero ¿cuáles son los principales puntos de la polémica?

 

El cine, una promesa anunciada 

Durante la campaña, el espacio de Javier Milei ya había advertido que, en caso de ganar las elecciones, iría por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Ya en 2023 distintos artistas se pronunciaron contra el cierre del instituto, como el director y ganador del Oscar, Juan José Campanella o el actor Ricardo Darín. Entre otras funciones, el Incaa ha canalizado hasta ahora las líneas de créditos promocionales para financiar las producciones o coproducciones nacionales de cine y televisión.

Si bien en el proyecto de ley no se habla de la completa eliminación del instituto, el espacio libertario busca realizar cambios significativos en su marco regulatorio. Respecto de su representación, el proyecto reduce la cantidad de miembros del Consejo Asesor, que pasaría de contar con 11 representantes a 8 que, en lugar de ser representantes de las distintas regiones culturales, serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

“El Incaa es autárquico, en realidad es un ente público no estatal cuya finalidad es fomentar y promover la actividad cinematográfica, y regularla. Todos los países del mundo tienen que calificar las películas. Eso es parte de la regulación que está en la órbita del Incaa. A veces no se toma en cuenta cuánta actividad se genera cuando tenés que regular la actividad”, explica Gabriel Rojze, rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende del Instituto.

Uno de los puntos más polémicos de la norma es el que busca modificar su financiación. Según se desprende del proyecto, se mantendría únicamente el impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, y omite el porcentaje que recibe del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que es del 25% de su recaudación. De esta manera, buena parte de los fondos de los que podría disponer Incaa pasaría a ser parte del Presupuesto Nacional.

“Los recursos genuinos con los que cuenta el instituto históricamente son tres. Uno es el tradicional 10% que se cobra de la entrada en cine. Con el correr del tiempo, cuando la televisión empezó a quitarle público a la cinematografía, los legisladores en las modificaciones de la ley le agregaron el ingreso del 25% de lo que ahora es el Enacom. Se cobra el 25% de los ingresos del canon que un privado abona por explotar una señal televisiva comercial y tener la autorización para hacerlo en forma paga. Hoy eso significa prácticamente el 70% de los ingresos del instituto. Y el impuesto sobre la venta o alquiler de videogramas grabados es la tercera fuente de financiamiento que nos cortarían”, agrega Rojze.

Además, se plantea la eliminación de la norma que establece que el Fondo de Fomento financia a la Escuela, a la Cinemateca y a la Biblioteca del Incaa, y solo deja en pie la financiación a la Cinemateca y la Biblioteca. Esto podría dejar sin caja a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. El rector de esta institución remarca esta posibilidad: “La escuela no está en ningún lugar de la ley. O sea que de aprobarse no tenemos más escuela. La verdad que es súper angustiante, muy difícil”.

Por último, establece que el máximo del financiamiento que el Incaa podría darle a una producción sería del 50%, mientras que en la actualidad ese monto puede alcanzar el 70%.

El futuro del Fondo Nacional de las Artes

Otro de los puntos controversiales del proyecto de ley que presentó Milei en el Congreso incluye la derogación del decreto que creó hace 65 años el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y la reasignación del personal y el presupuesto designado para este fin.

El FNA es un organismo que financia y promueve el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro con criterio amplio y federal. En la actualidad se financia a través de tres fuentes, siendo la principal el pago de derechos de autor para obras de artistas ya fallecidos, pero sumando también tasas y multas de la ley de propiedad intelectual, intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos.

El artista plástico Antonio Berni, el escritor Jorge Luis Borges o la poeta Alejandra Pizarnik fueron algunos de los beneficiados por los programas de esta institución que abarca múltiples disciplinas: arquitectura, artesanías, arte y tecnología, artes visuales, audiovisuales y escénicas, diseño, letras, música y patrimonio.

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Gerardo Sánchez, gerente de Planeamiento del FNA, asegura que “no hay ningún motivo real para cerrar el Fondo Nacional de las Artes ni ningún otro organismo que financia la cultura. O sea, no hay motivos económicos porque tienen fuentes propias, no es que sale del Tesoro. En el caso del fondo, en su mayoría lo pagan televisoras, editoriales, radios”.

Una parte importante de la función que cumple el FNA es la validación de los artistas. “No es solamente una cuestión económica. Hay una beca del Fondo que son 200.000 pesos (cerca de US$ 200 al tipo de cambio informal), o sea, nadie vive de lo que le da el fondo, pero la validación del FNA tiene un valor mucho más importante que el económico. Por ejemplo, el concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes es un concurso que sale todos los años y se inscriben más o menos entre 3.000 y 4.000 obras. Gran parte de los premiados del Fondo Nacional de las Artes son editados por la validación y el prestigio que tiene ese concurso. Una vez que está editado, se comercializa, se exporta, genera divisas. Sin eso no habría exportación. No es solamente el talento, que es mucho, pero si ese talento no tiene una validación es imposible que se comercialice. Y es el rol que tiene el Estado en general y el Fondo Nacional de las Artes en particular. Eliminar el FNA es un gran riesgo para el arte, para la cultura, para la economía”, explica Sánchez.

Y por último agrega “hay un montón de cosas que se pueden rever en materia de organización, en materia de adecuación a las nuevas tecnologías, en materia de fuentes de financiamiento, en materia de criterios de evaluación, pero nada de eso implica cerrar o destruir un organismo especializado. O sea, si chorrea la canilla del baño no destruyó la casa, cambio el cuerito. Va a tener implicancias no solo en lo identitario de las producciones más simbólicas, sino también en lo económico. Va a haber menos producción, menos circulación de obras, menos exportación, menos empleo”, advierte.

El teatro ¿sin promoción?  

El teatro tampoco está a salvo del proyecto de ley, donde se propone suprimir el Instituto Nacional del Teatro y reasignar los recursos humanos, presupuestarios y materiales.

Este organismo nació en 1997, durante la presidencia de Carlos Menem, y tiene como objetivo promover y apoyar la actividad teatral en todo el territorio del país.

Por otra parte, la aprobación de esta normativa derogaría la ley 14.800 que obliga, en caso de demoliciones de salas teatrales, al propietario a construir en el lugar otra sala con las mismas características. De esta manera, los dueños de espacios teatrales ya no se verían en la obligación de mantenerlos por ley.

Por último, otro punto que se derogaría es la ley 21.145 que beneficia a actores, artistas y técnicos de compañías de teatro con la reducción del 50% sobre el precio de pasajes y fletes en las empresas estatales de transporte que utilicen para la realización de sus desplazamientos, y de tarifas especiales en hoteles que dependan del Estado.

El jueves, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, tuvo que dar explicaciones de los apartados culturales del proyecto de ley en el Congreso. Durante su exposición hizo una muy breve mención al futuro del FNA, del Instituto del Teatro y del Incaa.

Respecto del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto del Teatro dijo brevemente que serán “Programas activos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, cada uno conservará su fin, la promoción y el desarrollo de las actividades artísticas”. Cuando hizo referencia al Incaa, planteó que requiere “modificaciones urgentes”.

El precio de los libros y el futuro de las librerías

Dentro de las modificaciones que plantea el proyecto de ley que se discute en el Congreso se suma la derogación de la ley 25.542, que establece un precio uniforme de venta de libros al público para todos los actores. Con la reforma legislativa, se permitirá que distintos comercios fijen su precio independientemente de sus costos, y las librerías independientes temen que las grandes superficies -supermercados y otros minoristas de mayor poder económico- fijen precios por debajo de sus costos para eliminar a la competencia de los pequeños comercios.

Este cambio no está incluido en el capítulo cultural del megaproyecto de ley, sino en la sección que desregula la economía. Este no es un dato menor cuando se analiza el porqué de estas modificaciones. Cecilia Fanti, vicepresidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, hace hincapié en esto: “Los intereses no están contemplados en la cultura. Si quieren que volvamos a discutir la ley, discutamos la ley, en una comisión de cultura, pero romperla completamente no es la forma. Esta es una ley que se promulgó porque la pidió el mismo sector al que representa. Es decir, es una ley que llevó un gran debate, una gran discusión hacia dentro del sector editorial“.

Desde la Cámara Argentina del Libro emitieron un comunicado en el que aseguran que de avanzar esta derogación dejaría de existir tal equivalencia: “El establecimiento de un único precio para cada libro que se publique en nuestro país ubica a todas las librerías en situación de igualdad permitiendo la coexistencia y competencia en múltiples puntos de venta. La pluralidad y diversidad de librerías es fundamental para garantizar el acceso al libro y a la lectura en todo el territorio nacional. Caso contrario, son las grandes cadenas, plataformas y grandes superficies las que acaparan el mercado de venta del libro, eliminando a la competencia, concentrando el mercado, determinando qué se lee y por consiguiente, qué se publica”.

Fanti, además explica que la ley actual “no genera ningún costo fiscal a ningún sector del Estado. Se promulga a partir del consenso de una industria, es decir, los privados, que es lo que a ellos les encanta decir, nos pusimos de acuerdo y en función de los acuerdos conseguidos se discutió con los legisladores. En estos 20 años se duplicó la cantidad de librerías que hay en el país, cerca de 2001 eran 600, hoy son más de 1.500. Y en aquellas editoriales que son consideradas pequeñas, su catálogo creció en un 300%”.

“La ley actual hace que nosotros compitamos más y mejor, pero competimos por la calidad, no competimos por el precio. Competimos por los libreros, por la calidad de nuestros salones, nuestra exhibición, nuestras recomendaciones, nuestra capacidad para formar alrededor de nuestras librerías comunidades que se sientan identificadas para que vengan a la librería“, agrega Cecilia Fanti.

Por otra parte, la nueva normativa trae cambios para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Entre las novedades que se buscan aprobar, la propuesta incluye un cambio en la financiación que, a partir de la nueva normativa, dependería de los subsidios que el Congreso otorgue. Para poder obtenerlos, las instituciones deberán acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo en la prestación de servicios”.

Autores como Sergio Olguín y Mariana Enríquez, premiados internacionalmente por su trabajo, se sumaron a los artistas que pidieron frenar las modificaciones que la Ley Ómnibus propone en la cultura y en particular a la industria del libro.

Se baja el volumen de la Música nacional

Otro de los puntos que trajo polémica entre los artistas argentinos fue el referente al Instituto Nacional de la Música (Inamu).

Según la nueva normativa, el Inamu pasaría de ser un ente público no estatal a un programa de la Secretaría de Cultura. Por otra parte, eliminaría fondos específicamente destinados a la música, que proceden de los gravámenes contemplados en la ley de servicios de comunicacion audiovisual.

También dejaría sin efecto el artículo 31 de la Ley N° 26.801, que exige participación de bandas nacionales en shows internacionales,algo que, por ejemplo, aseguró hace pocas semanas que el artista argentino Louta abriera las presentaciones de Taylor Swift en el país.

Músicos de la talla de Charly García, León Gieco, Gustavo Santaolalla, Fabiana Cantilo y la banda de rock La Renga (autores de la canción “Panic Show”, que Javier Milei usa en sus actos de campaña) también se pronunciaron traves de un comunica contra del desfinanciamiento del Inamu.