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Chicago prohibió el traslado de migrantes sin previo aviso. Ahora, una empresa de autobuses chárter de Texas demanda por esas restricciones
(CNN) -- Una empresa de autobuses chárter contratada por el estado de Texas para transportar migrantes a Chicago está tratando de cambiar el guión sobre la crisis fronteriza en una demanda federal contra la ciudad argumentando que la ordenanza que prohíbe dejar migrantes sin previo aviso es inconstitucional y castiga a las empresas de transporte que trabajan con Texas, según muestran documentos judiciales.
Wynne Transportation LLC está luchando contra las nuevas restricciones impuestas en Chicago a los autobuses que dejan pasajeros sin previo aviso.
La ordenanza no menciona específicamente la inmigración, pero los dirigentes de la ciudad han reconocido que es una respuesta a la afluencia de más de 30.000 inmigrantes procedentes de Texas en autobuses chárter contratados por el gobierno, a los que a menudo se deja en las esquinas de las calles con muy poco aviso.
Las normas, promulgadas el 8 de diciembre en un esfuerzo por frenar la oleada, exigen que los autobuses de ida no programados procedentes de fuera del área de Chicago obtengan la aprobación previa de la ciudad para dejar a la gente. Los infractores pueden ser multados con US$ 3.000 y sus vehículos pueden ser confiscados, según la orden.
"Los operadores de autobuses de Texas siguen infringiendo deliberadamente la ley al hacer caso omiso de la normativa diseñada para garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo que llegan a Chicago", declaró la oficina del alcalde Brandon Johnson en un comunicado de prensa de diciembre en el que pedía apoyo federal para abordar la crisis de los inmigrantes.
Bajo la dirección del gobernador republicano Greg Abbott, el estado de la Estrella Solitaria ha trasladado en autobús a más de 90.000 migrantes a "ciudades santuario" dirigidas por cargos electos demócratas, entre ellas Nueva York, Washington, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles, desde abril de 2022, según cifras publicadas por la oficina del gobernador el 29 de diciembre.
"Wynne está tomando medidas contra la ordenanza de la Ciudad porque interfiere ilegalmente con su negocio y viola los derechos constitucionales de Wynne y los derechos de los pasajeros de Wynne", dijo Michael Kozlowski, un abogado que representa a Wynne Transportation LLC y varias otras compañías de autobuses chárter, a CNN en un comunicado este jueves.
En su demanda, Wynne Transportation LLC, que también está atrapada en medio de otra demanda presentada ante la Corte Suprema de Nueva York por su papel incumplidor en el transporte de inmigrantes a la ciudad de Nueva York, argumenta que la ordenanza pretende limitar el flujo de inmigrantes e infringe el derecho del Gobierno federal a establecer la política de inmigración.
"En este caso se trata de dar a los inmigrantes la oportunidad de llamar a Chicago su hogar", afirma la demanda.
CNN se puso en contacto con el Ayuntamiento de Chicago para obtener comentarios. Todavía no ha presentado una respuesta a la demanda ante el tribunal, y no se han fijado fechas para las audiencias.
Hasta el 31 de diciembre, Chicago había presentado 95 demandas distintas contra unas 24 empresas de autobuses para hacer cumplir la ordenanza, según Kozlowski.
"Tenemos la intención de defender enérgicamente esos casos", dijo, que comenzarán el 29 de enero, cuando tendrá lugar una audiencia inicial para 40 de los 95 casos presentados por la ciudad, dijo Kozlowski.
Al mismo tiempo que la empresa de autobuses cita a la autoridad federal de inmigración en su demanda, el estado de Texas está inmerso en un litigio en curso con el Gobierno de Biden por sus esfuerzos para detener a migrantes, colocar barreras en el río Grande e impedir el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza a partes de la frontera.
La demanda de Wynne argumenta que Chicago también está violando la autoridad constitucional del gobierno federal para regular el comercio interestatal al promulgar restricciones que se aplican principalmente a empresas de fuera del estado.
"La ordenanza viola tanto el derecho fundamental de libre circulación/viaje interestatal del demandante como el de sus pasajeros", afirman los documentos.
