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ANÁLISIS | Las consecuencias legales son duras y dolorosas cuando finalmente llegan a la órbita de Trump
(CNN) -- Donald Trump es un maestro en posponer la rendición de cuentas ante la ley, pero dos casos que apuntan al expresidente y su órbita ahora en la fase de sanción, muestran que cuando la ley finalmente cobra su precio, la experiencia puede ser dura y humillante.
Los abogados de Trump dijeron este lunes que no puede asegurar una fianza para cubrir una sentencia de casi US$ 500 millones en su contra en un caso de fraude en Nueva York mientras apela. La admisión hace mella en la mística de un expresidente que construyó su marca sobre el poder y el tamaño de su fortuna bajo el lema "The Art of the Deal". Y plantea la posibilidad de que su falta de liquidez empeore su creciente crisis financiera personal y de campaña.
Y Peter Navarro, el antiguo gurú del comercio de Trump, se dirige a la cárcel tras fracasar en su petición de que la Corte Suprema le evite la cárcel mientras apela una condena por ignorar las citaciones del Congreso de documentos y testimonios sobre el intento de su jefe de anular las elecciones de 2020.
Ambos casos ofrecen una lección sobre las posibles consecuencias de la cultura del incumplimiento de las normas y la sensación que impregna el mundo de Trump de que la ley es algo que se aplica a los demás. También demuestran que, aunque el desafío a las leyes y costumbres puede ser una potente herramienta política para el expresidente y sus asesores, los resultados de los procesamientos diseñados para hacer cumplir códigos de conducta más estrictos pueden imponer dolorosas consecuencias legales independientemente de la política.
En el caso de Navarro, su difícil situación como persona de 74 años que se prepara para la aterradora perspectiva de la cárcel pone de relieve el precio que a veces tiene la lealtad a Trump y el método del expresidente de convertir cada desafío legal en una causa política para impulsar su marca y sus objetivos.
Los dramas en torno a las últimas luchas legales de Trump y la lucha de su exasesor por mantenerse de nuevo fuera de la cárcel muestran cómo el expresidente y sus socios utilizan todas y cada una de las posibles vías de apelación, protecciones que les garantiza la Constitución y el sistema legal que Trump suele denostar, para posponer procesos legales.
Esta táctica ha ayudado a Trump a acercarse a uno de sus objetivos para 2024, ya que su frenético litigio ha logrado retrasar sus juicios penales hasta el punto de que no es seguro que vaya a comparecer ante un jurado antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Pero a pesar de todos los retrasos y digresiones, la ley, al final, puede ser implacable. Y aunque se ha convertido en una nueva normalidad ver a un presunto candidato presidencial constantemente envuelto en dramas judiciales, otra serie de embrollos legales que rodean a Trump y a un miembro de alto perfil del movimiento Make America Great Again es también un recordatorio de las circunstancias surrealistas de las elecciones de 2024.
Las dificultades de Trump para conseguir una fianza ponen de relieve su situación financiera
Trump ha estado tratando de encontrar una compañía de seguros que suscriba su fianza de al menos US$ 464 millones más intereses a la espera del proceso de apelación después de que él, sus hijos adultos y la Organización Trump fueran declarados responsables de enormes sumas en ganancias mal habidas en un juicio por fraude civil iniciado por el estado de Nueva York.
Varias compañías de seguros han rechazado el intento de Trump de financiar la fianza basándose en el valor de sus activos inmobiliarios. Sus tácticas parecen indicar que carece de efectivo o acciones suficientes para garantizar el acuerdo para cubrir por sí mismo el pago de la restitución y los intereses. El pago es necesario ya que una apelación podría prolongarse durante años y el Estado quiere tener la certeza de que será pagado si el tribunal falla a su favor.
El expresidente argumenta que el valor de sus propiedades, incluidos rascacielos y campos de golf, supera con creces la cuantía de la fianza, por lo que el tribunal debería permitirle aplazar el pago hasta después del proceso de apelación. Este argumento no deja de ser irónico, ya que sigue a un caso en el que se acusó a Trump de exagerar el valor de sus edificios para obtener tarifas preferentes de bancos y aseguradoras.
"Se trata de alguien que se encuentra en una posición poco envidiable porque fue declarado culpable de inflar en exceso el valor de sus propiedades, por lo que tiene sentido que las compañías de seguros no acepten las propiedades y sus valoraciones como garantía de una fianza de este tamaño", dijo el exsubdirector del FBI Andrew McCabe a Wolf Blitzer de CNN.
El juez Arthur Engoron dictaminó el mes pasado que Trump y sus coacusados eran responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros falsos y registros comerciales falsos.
La actuación posterior al juicio en este caso también deja entrever la oscura realidad de la posición de Trump y la forma en que su fortuna y su imperio parecen estar en grave peligro a raíz del caso. Como señaló Allison Morrow, de CNN, si Trump no pone la inmensa cantidad de dinero que necesita, la sentencia puede ejecutarse, lo que permitiría a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, embargar las propiedades de Trump y venderlas para pagar lo que debe.
Como dijo James en una entrevista con ABC News el mes pasado: "Sí, miro al 40 de Wall Street todos los días", refiriéndose a una de las propiedades más preciadas del expresidente en Manhattan.
Otra ironía: cada vez hay más indicios de que, a pesar de su fuerza en las encuestas, Trump tiene problemas de dinero. Ya ha tenido que pagar una fianza de más de US$ 90 millones a la espera de una apelación tras perder un segundo caso de difamación contra la escritora E. Jean Carroll. Y sus múltiples casos, incluidos cuatro juicios penales en ciernes, le han cargado con enormes facturas legales. El uso de parte del dinero de sus comisiones de recaudación de fondos políticos para hacer frente a esos costos amenaza con agravar una incipiente desventaja de liquidez frente al presidente Joe Biden y los demócratas de cara a noviembre.
Como siempre ocurre con Trump, hay un frente legal y otro político. No parece probable que las señales de que no es tan rico como afirma puedan socavar su leyenda empresarial, que muchos partidarios en sus mítines siguen citando como algo que lo vuelve apto para el Despacho Oval. Nada ha debilitado al expresidente entre el núcleo más duro de su apoyo, y su esfuerzo por presentar los múltiples procesos penales y civiles a los que se enfrenta como ejemplos de persecución política han sido un gran éxito, ayudándole a dominar la carrera de las primarias del Partido Republicano al consolidar a los votantes de base en torno a su narrativa.
Trump argumenta que está protegiendo a millones de estadounidenses que, de otro modo, serían víctimas del gobierno. Sus afirmaciones son inexactas, pero parecen políticamente eficaces entre sus partidarios, que desprecian a las élites políticas y jurídicas de Washington. Recientemente estableció analogías entre su situación legal y el trato injusto que reciben las minorías por parte del sistema de justicia penal, en un intento de restar apoyo a Biden entre los votantes negros, que forman una parte fundamental de la coalición demócrata en los estados indecisos.
Dadas las circunstancias delicadas de un año electoral, un intento de James, de quien Trump ya se ha quejado por su parcialidad, de embargar sus propiedades causaría un extraordinario furor político. El proceso de incautación de bienes es jurídicamente complejo en el mejor de los casos. Probablemente lo sería aún más dada la laberíntica financiación utilizada por Trump en sus negocios. Y el expresidente destacaría sin duda su tratamiento para sobrecargar sus afirmaciones de que es víctima de una cacería de brujas política para alejarlo de la Casa Blanca. Por lo tanto, hay buenas razones por las que James, de afiliación demócrata, podría buscar otros recursos legales para asegurar la sentencia.
Trump ya está tratando de usar como arma sus más recientes problemas legales. El presunto candidato republicano dijo en Truth Social que una fianza de este tamaño es "anticonstitucional, antiestadounidense, sin precedentes y prácticamente imposible para CUALQUIER empresa, incluida una tan exitosa como la mía. Lucharemos y derrotaremos este engaño, y todos los demás engaños dirigidos por 'Crooked Joe', de una vez por todas. Si yo no fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y llevara mucha ventaja, este tipo de Cacería de Brujas nunca habría ocurrido", dijo Trump, tratando de poner de relieve una cuestión que rodea desde hace tiempo este caso: si otro empresario habría tenido el mismo trato en caso de carecer del perfil del expresidente.
Trump tiene otras opciones: por ejemplo, podría refinanciar o vender parte de su diversa cartera para reunir el dinero. En documentos judiciales el lunes, los abogados de Trump acusaron a James de ser inflexible y argumentaron que el pago de una fianza completa para un juicio de este tamaño era una "imposibilidad práctica".
También advirtieron que, si se le obligaba a desprenderse de sus propiedades, Trump sería víctima de una "venta relámpago" que causaría pérdidas masivas. El expresidente dice que el tribunal tiene autoridad para suspender la sentencia hasta que se resuelva la apelación.
Navarro se enfrenta a la realidad de la cárcel
Al tiempo que Trump luchaba en múltiples frentes, Navarro contemplaba el lunes la pesadilla de ir a la cárcel tan pronto como el martes, después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazara su último esfuerzo para mantenerse en libertad.
Navarro había argumentado que la negativa de un juez federal a permitirle plantear una defensa de privilegio ejecutivo en el juicio era errónea y que, dado que un tribunal de apelaciones podría revertir la decisión, debería permanecer fuera de prisión. Pero Roberts escribió en una breve orden que no tenía base para estar en desacuerdo con la conclusión del tribunal inferior de que Navarro había perdido cualquier argumento de que podía evitar comparecer ante el Congreso, incluso si tenía derecho al privilegio.
Peter Navarro, exasesor del expresidente estadounidense Donald Trump, habla con los periodistas a su salida del Palacio de Justicia E. Barrett Prettyman el 25 de enero de 2024, en Washington. Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images
Se espera que Navarro se presente en la prisión satélite de mínima seguridad de la Oficina Federal de Prisiones en Miami y se convierta en el primer exfuncionario de la Casa Blanca encarcelado por desacato al Congreso. "Está nervioso", dijo a CNN Sam Mangel, asesor de Navarro en la prisión. "Cualquiera, independientemente de la duración de su condena, se adentra en un mundo desconocido". Navarro fue condenado a unos cuatro meses de prisión, pero se espera que pueda optar a la libertad anticipada.
Aunque su caso es histórico, Navarro no es ni mucho menos el único exsocio de Trump que cumple condena en la cárcel. Para uno de los más famosos, existe al parecer la posibilidad de un improbable regreso.
El equipo de Trump está considerando traer de vuelta a su expresidente de campaña de 2016, Paul Manafort, para ayudar con la Convención Nacional Republicana en Milwaukee este verano, informó Kristen Holmes de CNN. La posibilidad de su regreso fue reportada por primera vez por el diario The Washington Post.
Manafort fue liberado de la cárcel a confinamiento domiciliario durante la pandemia de covid-19 en 2020 después de cumplir alrededor de un tercio de una condena de 7,5 años. Fue condenado por delitos financieros en un caso derivado de la investigación sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller y finalmente fue indultado por Trump.
Mientras tanto, las controversias legales continúan arremolinándose en torno a una serie de operativos de Trump menos conocidos debido al comportamiento imprudente del expresidente. En un caso relacionado con Michigan, Stefanie Lambert, una abogada proTrump que intentó anular las elecciones de 2020, fue arrestada en una dramática escena judicial el lunes tras una audiencia judicial sobre su reciente filtración de correos electrónicos internos pertenecientes a Dominion Voting Systems.
