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Al menos tres personas con discapacidad están siendo procesadas judicialmente en Venezuela, dijo este lunes en un comunicado la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), en el que manifestó su preocupación ante los arrestos de las últimas horas en el país.
El movimiento político opositor Vente Venezuela se hizo eco de esta denuncia y resaltó el arresto de Daniel Rojas, un joven sordo de 27 años detenido la semana pasada en Caracas.
Este ciudadano fue interceptado por la Guardia Nacional Bolivariana cuando salía de su trabajo en el suroeste de la capital venezolana, en medio de las manifestaciones contra resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron como ganador a Nicolás Maduro, según Consorven.
Rojas fue llevado a una sede policial y luego trasladado a la cárcel de Yare, en el estado Miranda, le dijo a CNN un portavoz de la confederación. En este caso el joven no maneja lenguaje de señas ni sabe leer y escribir.
CNN intenta determinar si Rojas tiene representación legal.
CNN también contactó a la familia del joven, que hasta ahora no ha querido dar declaraciones por temor a represalias, y se comunicó con representantes del Ministerio Público, que declinaron hacer comentarios en relación con los detenidos.
Otro joven, esta vez con autismo, también fue detenido ese mismo día en Los Teques, capital del estado Miranda, detalló la ONG, pero no suministró su identidad. En este caso también habría sido abordado al terminar su jornada laboral.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho que a todas las personas arrestadas se le están respetados sus derechos y la presunción de inocencia. “De los detenidos, de los centenares de detenidos que existan, nosotros garantizamos un juicio justo, un debido proceso”, dijo el jueves Saab en rueda de prensa.
Consorven, una entidad dedicada a la atención de personas sordas y con otras discapacidades, también aseguró que un tercer joven fue detenido en Caracas por aparecer en un video, señalado de alterar el orden público.
De acuerdo con los informes, el joven, que tampoco fue identificado, presenta dificultades de aprendizaje y de memoria a corto plazo.
La organización no gubernamental exhortó al Estado venezolano a respetar los derechos y garantías constitucionales de las personas con discapacidad contemplados en la Constitución venezolana y en tratados internacionales suscritos por el país.
Hasta la fecha la ONG Foro Penal Venezolano registra 1.102 personas privadas de libertad desde el 29 de julio, de los cuales 100 son adolescentes y cinco, indígenas.
