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El escrutinio legal que le espera a Donald Trump si pierde las elecciones
(CNN) -- Si las cosas no salen como Donald Trump espera el día de las elecciones, el presidente podría enfrentar asuntos más serios que cómo mudarse por fuera de la Casa Blanca.
Sin algunas de las protecciones que le otorga la presidencia, Trump se volverá vulnerable a múltiples investigaciones que buscan posibles fraudes en sus negocios financieros como ciudadano privado —tanto como individuo como a través de su empresa—. Se enfrenta a demandas por difamación provocadas por sus negaciones de las acusaciones hechas por mujeres que alegaron que las agredió, incluida E. Jean Carroll, la excolumnista de una revista que lo acusó de violación. Y luego hay afirmaciones de que corrompió la presidencia para sus beneficio personal.
Como presidente, Trump ha podido bloquear y retrasar varias de estas investigaciones y demandas —incluido un pleito de un año por una citación para sus declaraciones de impuestos—, en parte debido a su cargo oficial. Muchos de esos asuntos han pasado por los tribunales y llegarán a un punto crítico, sea reelegido o no.
Pero con las encuestas que muestran que el rival demócrata Joe Biden lidera la carrera, lo que está en juego es mucho mayor para Trump si pierde las elecciones. Una serie de cuestiones legales, incluida una investigación criminal por parte de los fiscales de Nueva York, se centrarán en las semanas posteriores al día de las elecciones.
"En todos los aspectos, su salida del cargo hace que sea más fácil para los fiscales y los demandantes en casos civiles llevar los procesos en su contra", dijo Harry Sandick, ex fiscal federal de la Fiscalía de Manhattan. "Por ejemplo, reclama una mayor protección contra las citaciones en los casos penales y también en los casos de citación del Congreso, [y eso] se basa en gran medida en el hecho de que es presidente".
Algunos han sugerido un aparato formal para investigar a Trump después de que deje el cargo. El representante Eric Swalwell, demócrata de California, ha propuesto la creación de una "Comisión de Crímenes Presidenciales", compuesta por fiscales independientes que pueden examinar "a aquellos que permitieron a un presidente corrupto", como lo expresó en un tuit de agosto. "Ejemplo 1: Sabotear el correo para ganar una elección".
La amenaza legal más grave que enfrenta Trump es la amplia investigación criminal del fiscal de distrito de Manhattan sobre el funcionamiento financiero de la Organización Trump. Los fiscales han sugerido en los documentos judiciales que la investigación podría examinar si el presidente y su empresa participaron en fraude bancario, fraude de seguros, fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales.
En el curso de esa investigación, Trump impugnó una citación a su firma contable por ocho años de declaraciones de impuestos y registros financieros. Cinco tribunales han dictaminado que la citación es válida, y este octubre Trump enfrentó el último revés cuando una corte federal de apelaciones denegó su apelación, dictaminando que la citación del jurado investigador no fue demasiado amplia ni emitida de mala fe. El 13 de octubre, los abogados de Trump pidieron a la Corte Suprema que bloqueara la ejecución de la citación para que tuviera tiempo de apelar ante la corte. Trump ya perdió una apelación ante el tribunal más alto en julio, cuando dictaminó que el presidente no es inmune a una citación del jurado investigador estatal.
Los fiscales de Nueva York han dicho que los registros fiscales, los papeles de trabajo y la documentación sobre transacciones comerciales son cruciales para su investigación, que ha estado en marcha durante más de un año.
Hay dudas legales sobre si un fiscal del estado podría presentar cargos contra un presidente en ejercicio.
"Es tan poderoso en este momento. Saben que no pueden acusarlo en este momento, así que hay un incentivo para construir su caso y prepararse. Creo que lo que sucede si pierde y deja el cargo es que las cosas se moverán muy rápido", comentó Jennifer Rodgers, analista legal de CNN y ex fiscal federal.
Jugando rápido y suelto con el valor de los activos de la empresa
El fiscal general de Nueva York también procederá con una investigación civil separada sobre la Organización Trump y si infló indebidamente el valor de ciertos activos en algunos casos y los redujo en otros, en un esfuerzo por asegurar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.
Los investigadores investigan las exenciones fiscales tomadas en la propiedad Trump Seven Springs en Bedford, Nueva York, y el Trump National Golf Club en Los Ángeles. También indagan la valoración de una torre de oficinas de Trump en Wall Street y la condonación de un préstamo de más de US$ 100 millones en el Trump International Hotel and Tower en Chicago.
Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, se presentó de manera remota para una declaración ante los investigadores civiles este mes. Los abogados buscan declaraciones adicionales con Sheri Dillon, la abogada fiscal de Trump desde hace mucho tiempo.
Los abogados de la Organización Trump han dicho en documentos judiciales que creen que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tiene motivaciones políticas, e inicialmente intentaron aplazar la deposición de Eric Trump hasta después del día de las elecciones, pero un juez rechazó esa solicitud. Los abogados estatales, que han dicho que no coordinan con ninguna agencia de aplicación de la ley penal, dijeron que su investigación es de naturaleza civil. Pero podrían hacer una remisión criminal si creen que hay suficiente evidencia.
"Con un gran ejecutivo, cuando hacen estas transacciones múltiples o de cientos de millones de dólares, siempre son asesorados por abogados y contadores", dijo Dan Alonso, exfiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. "Hay muchas capas entre alterar el tratamiento fiscal y la responsabilidad penal por parte del presidente, eso es un gran salto".
Abriendo las compuertas a las demandas
Si Trump no es reelegido, perderá la deferencia que los tribunales le han dado a los presidentes en ejercicio, abriendo las compuertas para muchas demandas.
Los fiscales generales estatales de la ciudad de Washington y de Maryland demandaron al presidente en 2017, alegando que se benefició corruptamente de su puesto al poner sus intereses financieros por encima de los de los ciudadanos estadounidenses.
Los investigadores estatales prepararon más de 30 citaciones, incluidas las de la Organización Trump y otras relacionadas con los negocios del mandatario. Trump demandó para bloquear la demanda, que alega que violó la cláusula de emolumentos de la Constitución en virtud de los cientos de miles de dólares que gobiernos extranjeros y otros han gastado en sus propiedades. Trump apeló el fallo ante la Corte Suprema, que aún no ha decidido si escuchará el caso. También está pendiente una segunda demanda por emolumentos presentada por operadores de hoteles y restaurantes en Nueva York.
En agosto, después de que un juez de un tribunal estatal negara el esfuerzo de Trump por retrasar una demanda por difamación, el presidente desplegó al Departamento de Justicia para intentar insertarse en el litigio de casi un año. El Departamento de Justicia pidió a un juez federal que sustituyera a Trump en una demanda por difamación presentada por Carroll, una excolumnista de consejos de la revista Elle, quien acusó al presidente de violarla en el vestuario de una tienda a mediados de la década de 1990. Trump ha negado la acusación.
La medida, si se concede, podría acabar con la demanda, que ha pasado por los tribunales desde noviembre pasado, porque el Departamento de Justicia no puede ser demandado por difamación. Un juez programó una audiencia en el caso para el miércoles 21 de octubre. Carroll ha indicado que busca deponer al presidente bajo juramento y compararlo con una muestra de material genético masculino que dice que está en el vestido que usó el día de la presunta violación.
Otras demandas también se han suspendido en virtud del estatus de Trump como presidente.
Otro caso pendiente de decisión es una demanda por difamación presentada en la corte del estado de Nueva York por una exconcursante de "The Apprentice", Summer Zervos, quien afirma que Trump la agredió sexualmente en 2007. Zervos ha dicho que Trump la besó en los labios durante un almuerzo en su oficina de la ciudad de Nueva York y alegó que la besó agresivamente y le tocó el pecho durante otro encuentro en Beverly Hills. Ella demandó después de recibir acoso y amenazas luego de que él negara sus acusaciones, según documentos judiciales.
Después de que un juez de la corte del estado de Nueva York negó el esfuerzo de Trump para desestimar la demanda de Zervos, el presidente apeló el fallo, argumentando que la Cláusula de Supremacía de la Constitución prohíbe a un tribunal estatal escuchar una acción contra un presidente en funciones. El caso Zervos ahora está a la espera de un fallo del Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva York sobre la cuestión de si los tribunales estatales tienen jurisdicción sobre él mientras ocupa la Casa Blanca.
La sobrina del presidente, Mary Trump, también demanda a Trump, a su hermana y al patrimonio de su hermano fallecido por fraude, alegando que la privaron de sus intereses en el imperio inmobiliario familiar construido por Fred Trump Sr.
En estos casos civiles, donde en algunos casos Trump ha tratado de evitar testificar o proporcionar evidencia de ADN, Sandick dijo que Trump perderá la capacidad de argumentar que la Casa Blanca le otorga ciertas protecciones si termina saliendo de la Oficina Oval. "Si no es presidente, todo eso desaparece".
Menos influencia sobre posibles testigos
Un comodín es lo que sucedería con una auditoría fiscal civil de una década realizada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento del Tesoro, y si podría escalar bajo la administración de Biden al Departamento de Justicia para su revisión. Según The New York Times, el IRS analiza un crédito de devolución de impuestos de US$ 72,9 millones que Trump reclamó.
Los abogados dicen que un factor menos obvio que podría cambiar si Biden gana es la influencia que Trump ha tenido sobre los contadores, banqueros y aquellos en su círculo íntimo que podrían ser testigos cruciales para las autoridades.
"Tendrán mucho menos miedo de hablar de alguien que ya no es el presidente", afirmó Rodgers. Añadió que un caso que involucre acusaciones de declaraciones falsas a bancos o fraude fiscal probablemente estaría muy documentado, lo que, una vez que se produzca la citación para las declaraciones de impuestos, podría ayudar a la investigación.
Por supuesto, si Trump es reelegido, es posible que pueda agotar el plazo de prescripción, que para algunos delitos en la ley del estado de Nueva York es de cinco a seis años; aplazar estas demandas otros cuatro años; o simplemente continuar disfrutando del beneficio de la opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que dice que un presidente en funciones no puede ser procesado.
El memorando de la Oficina del Asesor Legal ya ha aislado a Trump de una posible acusación en dos instancias: la investigación del fiscal especial dirigida por Robert Mueller, que encontró evidencia de que Trump había cometido obstrucción a la justicia pero no lo acusó, y la investigación del secretario de Justicia de Estados Unidos a la Oficina del Distrito Sur de Nueva York, que citó a Trump como "Individuo 1" al acusar a su exabogado Michael Cohen de delitos de financiamiento de campañas por facilitar pagos de dinero secreto a dos mujeres que alegaban tener aventuras con Trump. El presidente negó los asuntos. Cohen se declaró culpable y dijo bajo juramento que Trump le había ordenado que infringiera la ley. A Cohen se le reembolsaron esos pagos de la Organización Trump hasta bien entrado el 2017, lo que podría extender el plazo de prescripción de ese delito hasta el 2022. Algunos abogados han especulado que es posible que Trump intente perdonarse a sí mismo de los delitos federales antes de dejar el cargo.
La decisión de reanudar esas investigaciones recaería en la administración de Biden y los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que lideran el Departamento de Justicia y la oficina del fiscal en Manhattan.
En su testimonio ante el Congreso, el representante republicano Ken Buck de Colorado le preguntó a Mueller: "¿Podría acusar al presidente de un delito después de que dejó el cargo?".
"Sí", respondió Mueller.
"Si cree que cometió, ¿podría acusar al presidente de Estados Unidos de obstrucción de la justicia después de que dejó el cargo?", preguntó Buck.
Mueller respondió: "Sí".
