El feminicidio de Úrsula Bahillo expone por qué fallan las políticas contra la violencia e interpela a todos los poderes del Estado

(CNN Español) -- En Argentina, el feminicidio de la joven Úrsula Bahillo, quien había denunciado varias veces a su expareja y fue asesinada el 8 de febrero de 15 puñaladas, expuso nuevamente las fallas en las políticas para prevenir la violencia contra las mujeres que, a pesar de los avances en los últimos años en el país, siguen siendo insuficientes para frenar los asesinatos por cuestiones de género, según reconocen cuatro expertas y fuentes oficiales consultadas por CNN que trabajan en distintos poderes del Estado.

Las especialistas coinciden en que la violencia contra las mujeres sigue enquistada en un complejo cuadro difícil de desarmar que deja en evidencia la falta de respuestas de miembros de las fuerzas policiales, de fiscales y funcionarios judiciales: el descreimiento a las denunciantes; la burocracia; la incipiente articulación entre los distintos poderes a lo largo del país; y el atraso en la capacitación de los policías y operadores judiciales se suman a un “mensaje de impunidad” que se extiende como una consigna fatal: ser violento con una mujer por ser mujer no suele tener castigo.

Las historias como la de Bahillo demuestran que hay denuncias que rebotan en las caras de las mujeres, que se archivan, que giran y giran por un pasamanos de autoridades y funcionarios, y que las sanciones y penas a los agresores muchas veces no llegan hasta que matan. El Estado, los Estados ven pasar las historias hasta que ya es tarde. La fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, dijo a CNN: “Los casos como este son cimbronazos que nos ponen en jaque”.

A este escenario, se suma la falta de presupuesto y de personal en las oficinas especializadas en violencia de género y doméstica, y la ausencia de un plan efectivo para garantizar el apoyo socioeconómico a las denunciantes y aislarlas a tiempo de sus agresores. Son algunas de las variables que destacan las especialistas y funcionarias consultadas. “Hace falta mucho presupuesto. Creo que el Estado está avanzando pero que todavía falta muchísimo”, sostiene María Delia Castañares, responsable de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

“Cuando una mujer está en un vínculo de violencia, por una cuestión de vulnerabilidad emocional, tiene dificultades para realizar una denuncia”, afirma Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización no gubernamental especializada en cuestiones de género. “Se inicia un camino agotador y sabemos lo difícil que puede ser transitar el proceso judicial en el que las mujeres deben sortear muchísimos obstáculos para lograr una sentencia favorable: desde conseguir un abogado o abogada que la represente hasta ausentarse en el trabajo para cada audiencia a la que es citada”, agrega Rico.

En Argentina, sólo durante enero de este año, una mujer fue asesinada cada 24 horas por violencia sexista, según la última medición del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que dirige Rico.

Bahillo tenía 18 años y fue asesinada el 8 de febrero de al menos 15 puñaladas, según los resultados de la autopsia. El caso conmocionó a la ciudad de Rojas, una localidad de unos 19.000 habitantes en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 240 km de la Ciudad de Buenos Aires. El único acusado por el hecho es el policía Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, expareja de la víctima. Martínez fue indagado el viernes 12 por los supuestos delitos de “femicidio agravado por premeditación y alevosía”, confirmó a CNN el fiscal del caso, Sergio Manuel Terrón. La figura del feminicidio o femicidio se incorporó en 2012 al Código Penal de la Nación como un agravante del delito de homicidio.

Martínez se negó a declarar ante la Justicia y se encuentra detenido en la cárcel de Junín, agregó el fiscal del caso. La Defensoría General de Junín, a cargo de su defensa, declinó hacer declaraciones a CNN.

Según la madre de Bahillo, Patricia Nassutti, las denuncias de la joven contra su expareja por amenazas y golpes se extendieron durante siete meses. "Estamos muy dolidos con el juez de Paz de Rojas porque desestimó las perimetrales que tenía mi hija, que había hecho más de 18 denuncias, y él (Matías Martínez) la seguía hasta que me la manoteó, la subió al auto y la mató en un descampado", dijo Nassutti en declaraciones a los medios el miércoles 10. Los funcionarios judiciales que intervienen en el caso no han confirmado si fueron 18 denuncias, pero el fiscal Terrón reconoció seis denuncias presentadas por el caso que tramitaban en la Justicia, dijo en diálogo con CNN.

MIRA: Femicidio en Rojas: “Úrsula pidió ayuda y botón antipánico”

“Recibí tres denuncias por hechos de violencia que sufrió Úrsula y ordené que le entregaran un botón antipánico. Desde mi función como juez de Paz no puedo disponer ninguna detención”, dijo el juez Luciano Callegari al diario La Nación. “En mi caso en particular intervine en tres denuncias. La primera fue presentada por la madre de Úrsula el 9 de enero”, agregó el magistrado. “Ordené una medida de restricción perimetral en la que se prohibía que el acusado se acercara a menos de 200 metros de Úrsula y la prohibición de que mantuviera contacto por otros medios. Además, dispuse que se hiciera un peritaje psicológico a la joven debido a que era mayor de edad, pero la denuncia fue radicada por su madre”, agregó.

El fiscal Terrón dijo a CNN que nunca llegó a citar o interrogar a Martínez tras la denuncia y que correspondía citar primero a Bahillo a ratificar la denuncia de su madre. “Las tareas de prevención y control son siempre policiales. Si la policía sorprende a alguien que viola un perímetro, debe aprehender a la persona y ponerla a disposición de la Justicia”, explicó el fiscal. CNN intentó en reiteradas ocasiones obtener la versión de la policía, a través del vocero del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero al cierre de este artículo no había respondido las consultas y llamados.

“Úrsula pidió ayuda y botón antipánico, que no se lo dieron. Ella hizo lo correcto. El Estado, no”, dijo Milagros Almirón, amiga de la joven asesinada, a CNN Radio. De acuerdo con oficios policiales a los que accedió la agencia de noticias Télam, el día en que la joven sería asesinada la Justicia local ordenó al municipio de Rojas vía correo electrónico que le otorgara el botón antipánico a la denunciante. Nadie abrió el e-mail durante esa jornada y el dispositivo no le fue entregado a tiempo, según los oficios policiales que cita Télam. El botón antipánico llegó cuando Bahillo ya había sido asesinada, según la agencia.

El alcalde de Rojas, Claudio Rossi, sostuvo que la orden judicial llegó el lunes 8 a las 14:16 y que las autoridades municipales no llegaron a tiempo, según el escrito que presentó en una denuncia que presentó ante el Ministerio Público Fiscal (ver tercer link, pag 3). Rossi también afirmó en el escrito, publicado por el medio local Rojas Hoy, que tras recibir el e-mail la Comisaría de la Mujer pidió “apoyo logístico” a la policía local para cumplir con las medidas ordenadas por el juez, como la restricción perimetral, luego de las 5 de la tarde del lunes 8, escasas horas antes del crimen. CNN se intentó comunicar en varias oportunidades con el alcalde de Rojas, pero al cierre de este artículo no había respondido.

“El sábado (6 de febrero), Úrsula concurrió a la comisaría de la Mujer y radicó una denuncia contra Martínez”, respondió el juez Callegari a La Nación. “La oficial (de policía) que escuchó el relato de Úrsula me consultó sobre cuáles eran las medidas a aplicar. Entonces, ordené ampliar la restricción perimetral por 90 días, dispuse que se realicen rondas periódicas de vigilancia policial para ella y su grupo familiar, dispuse que se derive el caso a la Ayudantía fiscal ante la posible existencia del delito de desobediencia por parte de Martínez y que se comunique sobre la situación de violencia denunciada por la adolescente al área de Mujer, Género y Diversidad de la municipalidad”, afirmó el magistrado.

Dos días después, el lunes 8 por la noche, Bahillo fue vista por última vez en la puerta de un quiosco en el centro de Rojas, cuando su imagen fue capturada por una cámara de seguridad, confirmó el fiscal Terrón. Su cuerpo fue hallado más tarde a unos 8 kilómetros del lugar, en unos pastizales, cerca de una ruta. El auto de Martínez fue encontrado en las inmediaciones, agregó Terrón.

Esta semana, a raíz del caso, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, y el jefe de la policía provincial, Daniel García, ordenaron la intervención de la seccional local, así como de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Rojas, según informó Télam.

El fiscal Terrón ratificó a CNN que, durante el fin de semana anterior al crimen, la madre de Bahillo denunció al acusado y que la fiscalía citó a la joven a declarar para el 17 de febrero. Además, dijo que pidió una restricción perimetral, que fue dispuesta por el juez del caso. “Martínez tenía por lo menos dos perimetrales, pero las perimetrales ni los botones antipánico van a parar nada. Por eso siguen matando mujeres. Los legisladores van a tener que imponer otras medidas urgentes”, afirmó Terrón.

El fiscal sostuvo que no pudo constar la existencia de 18 denuncias de la víctima, pero sí seis denuncias recientes. Además, Martínez debe ir a juicio por la denuncia de otra expareja del policía que tramita hace unos tres años.

Centralizar las políticas y criterios

Las denuncias por violencia de género deben tramitarse ante las fuerzas de seguridad y las fiscalías que dependen de cada gobierno local en cada una de las 23 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires. Además, intervienen los jueces de los poderes judiciales locales, y las intendencias o alcaldías están a cargo de la provisión de botones antipánico. Por eso, explican las expertas consultadas, articular que todas las fuerzas policiales, políticas, fiscales y jueces compartan la perspectiva de género es una tarea ardua, demorada y que llevará tiempo.

“Sin dudas, uno de los mayores problemas en torno a la coordinación de políticas de prevención de las violencias y los femicidios en las provincias tiene que ver con la desarticulación de las intervenciones entre distintos espacios estatales”, sostiene Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, otro de los organismos que impulsa protocolos, políticas y acciones a nivel país junto a los ministerios de Justicia y Seguridad. Fue creado en diciembre de 2019.

“A partir de la Ley Micaela, la formación en políticas de género es obligatoria en todos los poderes del Estado y ha empezado su implementación, pero por supuesto no causa efectos inmediatos”, afirma la fiscal Labozzetta. En 2018, el Congreso promulgó esta norma, que lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años asesinada en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes penales por violación y que estaba libre.

“Hace algunos pocos años, cuando comenzamos con estas capacitaciones, se presentaban exclusivamente mujeres que ya venían con una formación en temáticas de género. Siempre cursos pequeños de poquitas personas. En los últimos dos años aumentaron considerablemente hasta llegar a cursos presenciales de 200 personas y hasta 500 en aulas virtuales. Más allá de la obligatoriedad, cada vez hay más interés e incluso más hombres inscriptos”, dice Labozzetta.

La fiscal encabeza una de las unidades a cargo de las capacitaciones de fiscales y personal de las fiscalías de todo el país. El contacto con los operadores judiciales le permite detectar los prejuicios y desconocimientos que, sostiene, busca modificar. “En términos generales, el sistema de Justicia muestra una inacción diferencial muy fuerte, muy arraigada con respecto a estos casos. Se observa un patrón de descreimiento a las mujeres víctimas de violencias por razones de género; ni la palabra ni la vida de las mujeres parece tener valor”, aseguró a CNN.

“Cuando las investigaciones fallan, cuando se expulsa a las mujeres del sistema de Justicia, cuando no se las protege, cuando las violencias no se sancionan, el mensaje que se transmite es el de impunidad y de aval a la violencia contra las mujeres. Esto es lo que estamos transformando y la deuda urgente que tenemos”, afirmó Labozzetta.

Desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que también imparte capacitaciones no sólo a miembros del Poder Judicial sino también de otros poderes, la funcionaria Castañares explica que el área lleva su propio registro de feminicidios desde 2015, que se publica anualmente. Las últimas cifras oficiales son de 2019 y relevaron 252 asesinadas en el marco de la violencia de género, un número similar a años anteriores.

El informe también contabilizó que existían 42 denuncias previas de esas mujeres asesinadas. Además, 17 víctimas directas de feminicidio habían logrado medidas judiciales de protección, al igual que Úrsula Bahillo. En estos casos, 13 se encontraban vigentes al momento de los crímenes y 4 vencidas al momento del feminicidio, determinó la Oficina de la Mujer.

El 90% de las víctimas relevadas por la Oficina de la Mujer tenía un vínculo previo con su agresor, se conocían. El 66% fue ultimada por su pareja o expareja. La Oficina también mide el impacto en los menores de edad: las víctimas de 2019 tenían a su cargo a 222 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin ellas, según el informe publicado.

Denuncias sin respuestas

¿Por qué Bahillo realizó varias denuncias y aun así fue asesinada? “La Justicia deja en total desprotección a las mujeres que se animan a realizar una denuncia y que logran una medida cautelar (contra el agresor)”, dijo Rico. “Si esta medida no es monitoreada por la justicia, queda sólo como un documento y no como una medida que realmente las proteja de la situación extrema de vulnerabilidad que están atravesando”, agregó la presidenta de La Casa del Encuentro.

“Las mujeres que han logrado que la Justicia le dicte una medida cautelar de prohibición de acercamiento al agresor, tienen que estar protegidas con un botón antipánico y el agresor tiene que estar monitoreado con una tobillera electrónica”, afirmó Rico. “Conocemos las dificultades que hay en muchos municipios para contar con estos dispositivos”, reconoció Malacalza desde el Ministerio de la Mujer.

El acceso a abogados gratuitos es otro reclamo de La Casa del Encuentro. En la oficina de la Corte coinciden. “También es necesario que el patrocinio jurídico gratuito, que está garantizado por ley, se implemente efectivamente en todo el país. La denuncia se inicia sin patrocinio, pero luego un proceso judicial conlleva la necesidad de tener un patrocinio jurídico gratuito. Si no está implementado o si es insuficiente, las víctimas no pueden proseguir con el proceso de forma eficaz”, coincide Castañares.

“Actualmente por las medidas sanitarias dictadas por el DISPO (distanciamiento social obligatorio) y ASPO (aislamiento social obligatorio) todo es aún más complicado —resalta Rico—. En muchos lugares, se complica realizar una denuncia de manera presencial”.

El Ministerio de la Mujer, aseguró Malacalza, se encuentra desarrollando “un sistema para el seguimiento de los agresores y no un seguimiento sobre la persona que denunció una situación de violencia de género”. Ese seguimiento podría realizarse a través de dispositivos de rastreo. Malacalza destaca, además, la necesidad de prevenir otros crímenes de género como los llamados travesticidios y transfemicidios. También afirmó que llevan adelante la conformación de equipos interdisciplinarios distribuidos en todas las provincias del país para asesorar, orientar y acompañar a las denunciantes.

“Otra cuestión que quizás haya que ver es si no es necesario realizar alguna reforma legislativa para el caso de los incumplimientos de las medidas, del incumplimiento de la orden judicial” por parte de los agresores, estimó Castañares.

“Además, está la cuestión de la actuación de las fuerzas policiales: la necesidad de una debida capacitación. Creo que además se deberá evaluar si son el ámbito adecuado para intervenir en los casos de violencia. Quizás sea necesario adoptar el criterio que se adoptó en la Corte Suprema, que fue la creación de una oficina de violencia doméstica especializada, que concentra y sigue todos los casos”, dijo Castañares.

El rol de las fuerzas policiales

El feminicidio de Bahillo colocó a las fuerzas de seguridad bajo un doble foco: Martínez, el acusado, es policía; y la madre de la víctima denunció públicamente la supuesta inacción de la policía de Rojas frente a las demandas de su hija. Las autoridades sostienen que han desarrollado políticas para prevenir estos crímenes, pero los sucesivos casos de feminicidios exponen las medidas como insuficientes.

Al igual que el Poder Judicial, las policías que intervienen en delitos como feminicidios, que no son federales, responden a las gobernaciones de cada provincia.

En el ministerio de Seguridad de la Nación, una fuente oficial resaltó ante la consulta de CNN que las autoridades nacionales son conscientes de que es necesario mayor capacitación, sensibilización y formación de las policías no sólo federales sino en las provincias. La fuente consultada resaltó que en noviembre de 2020 la ministra Sabina Frederic creó una Mesa Federal que incluye a los ministros de Seguridad provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se congregaron en seis oportunidades “para implementar un sistema único para la carga de denuncias por violencia de género”, según un comunicado oficial.

Ese sistema único apunta a la estandarización “incluye una forma de evaluación del riesgo de las personas que se acercan a denunciar este tipo de situaciones con el fin de generar mejores respuestas de protección y cuidado”, sostiene un comunicado ministerial.

Otra medida que tomó Seguridad en diciembre fue restringir “la portación, tenencia y transporte del arma” oficial al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales denunciados por violencia de género o violencia intrafamiliar “cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso”, según la resolución. El ministerio busca que la medida se extienda en todas las jurisdicciones, sostuvo la fuente del ministerio.

Capacitar desde lo básico

Durante los cursos y talleres, las capacitadoras de los agentes del Estado se encuentran con que deben partir desde lo elemental, dice Labozzetta. “Las capacitaciones apuntan en primer lugar a lo básico: generar sensibilización en los operadores y operadoras de Justicia, explicar cuáles son los derechos que la Ley garantiza a las mujeres y los conceptos de género, diversidad sexual y de género, violencias. Y, por otro lado, al entrenamiento para llevar adelante investigaciones penales con perspectiva de género”, afirmó la fiscal. “Luego se apunta a ofrecer herramientas para que las investigaciones sean exitosas y se logre una sanción o pena”.

En la mayoría de las provincias, los máximos tribunales a nivel local siguieron la política de la Corte Suprema de la Nación y crearon oficinas especializadas en violencia de género, explica Castañares. “El mandato de la Oficina de la Mujer es incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Aún no está plenamente cumplido. Estamos en el proceso de capacitación”, explicó la funcionaria. La Oficina se creó en 2009.

Otra de las razones del fracaso en la prevención es la forma en la que se tramitan las denuncias, cuando se tramitan, coincidieron las cuatro expertas consultadas. “Una de las dificultades es la falta de estandarización de criterios de la evaluación de riesgo en todas las dependencias que intervienen en la toma de denuncias”, explicó Castañares a CNN. “Si estos criterios no se estandarizan, la evolución de la denuncia dependerá de la buena voluntad y de la capacitación individual que tenga la persona que la toma”, agregó. Malacalza coincide.

Esa estandarización requiere unificar un criterio, un método que ordene a los agentes del Estado sobre cómo se toma la denuncia: qué patrones de riesgo deben activar las alarmas de las autoridades; cómo se tramita luego el caso; qué medidas deben tomarse; y qué preguntas realizar al tomar la denuncia, entre otros puntos, explicaron Castañares y Labozzetta. En ese mismo criterio coincide el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabrina Frederic, afirmó a CNN una fuente oficial de ese organismo.

¿Qué implica “evaluar los riesgos”? “Por ejemplo, si una persona agresora forma parte de las fuerzas de seguridad, si porta armas de fuego, si tiene antecedentes vinculados al consumo problemático de sustancias, antecedentes vinculados de afectación a su salud mental”, afirma Malacalza desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es crucial, explica la funcionaria, “detectar a tiempo cuáles son esas esas situaciones de riesgo”. Es una de las herramientas más eficientes para prevenir los feminicidios, sostiene.

La Oficina de la Mujer en la Corte, al igual que el Ministerio de la Mujer, creó su propia herramienta de riesgos y “en septiembre de 2020, puso a disposición de las agencias ejecutivas el instrumento de evaluación de riesgo con el que trabaja”, agregó, pero aún no se han terminado de articular las herramientas entre los poderes, explicó la funcionaria.

Dos días después de su asesinato, familiares, amigos y vecinos velaron y enterraron los restos de Bahillo, que descansan ahora en el cementerio de Rojas, informó Télam. Su caso se suma a una larga lista de crímenes que exponen cómo autoridades habrían pasado por alto esos criterios de riesgo que encuadran casi sin excepción en este nuevo caso testigo. "Soy un roble, no voy a caer porque quiero justicia", dijo su madre tras despedir a su hija.