Internacional
Árabe
ANÁLISIS | Crecen las esperanzas de un compromiso de reforma policial, pero acechan enormes obstáculos políticos
(CNN) -- La esperanza real de una reforma policial, incluso en el rencorosamente dividido Senado de Estados Unidos, muestra el impacto sísmico del veredicto de culpabilidad en el juicio por el homicidio de George Floyd.
Un día después de que el exagente de la Policía de Minneapolis Derek Chauvin fuera declarado culpable de todos los cargos, ambas partes en Washington buscaron un terreno común. El principal negociador republicano del Senado, Tim Scott, de Carolina del Sur, presentó un posible acuerdo sobre un punto conflictivo que ha estancado las conversaciones durante gran parte del año pasado.
Pero la esperanza sólo llega hasta cierto punto. El febril deseo de los activistas demócratas de honrar la vida de Floyd aprobando una legislación federal que responsabilice a la policía de la brutalidad y la conducta indebida está chocando con las realidades de una capital polarizada. Aunque muchos estadounidenses, incluidos algunos republicanos, aprueban el veredicto del caso Chauvin, republicanos y demócratas siguen luchando por conciliar sus puntos de vista sobre cómo hacer que los agentes infractores rindan cuentas de su conducta. Esto crea serios problemas para la legislación propuesta.
También hay una amenaza más amplia que se cierne sobre los esfuerzos de compromiso: las amargas fuerzas políticas que sacuden el país tras la presidencia de Donald Trump, que podrían aplastar el ya de por sí limitado espacio para la acción bipartidista. Los republicanos que se preparan para las elecciones de mitad de mandato, y en algunos casos para las futuras primarias presidenciales, tienen un fuerte incentivo para atraer a los votantes comunitarios adoptando una postura firme sobre la ley y el orden y para demonizar a los demócratas como radicales que quieren desfinanciar a la policía.
Algunos republicanos también pueden argumentar que, dado que se hizo justicia en el caso Floyd, las denuncias de racismo sistémico en las fuerzas del orden son exageradas y, por tanto, no es necesario actuar. Este argumento ya está surgiendo en Fox News.
En este breve momento de cordialidad, también es fácil olvidar que el esfuerzo del Partido Republicano por presentar a los demócratas como una amenaza para la aplicación de la ley, en gran parte sugiriendo de forma inexacta que todos apoyaban los llamamientos radicales a "desfinanciar a la policía", fue una de sus armas más potentes en las elecciones de 2020 y es probable que siga siéndolo al entrar en las campañas de mitad de mandato en 2022.
Incluso el presidente Joe Biden, quien se propone defender la Ley de Justicia Policial George Floyd durante su discurso ante una sesión conjunta del Congreso –el próximo miércoles–, reconoció los peligros políticos para los demócratas en materia policial durante una reunión virtual privada con líderes de derechos civiles, en diciembre.
En la grabación, obtenida por The Intercept, Biden dijo a los activistas que los republicanos "nos dieron una paliza en todo el país" en 2020 al argumentar que el partido "desfinanciaría a la policía". Después de cuatro años en los que Trump y sus aliados hicieron avances con las familias de los sindicatos de clase trabajadora que normalmente apoyan a la policía, los demócratas en los estados indecisos pueden ser cautos a la hora de inclinarse demasiado hacia la reforma de la justicia penal.
El Partido Republicano muestra pocas ganas de ceder
Tampoco está claro si los republicanos tienen algún incentivo político real para apoyar la legislación de la reforma policial de cara a las elecciones del próximo año. El pasado mes de julio, el 58% de los estadounidenses dijo que eran necesarios cambios importantes en el ámbito policial en Estados Unidos, según una encuesta de Gallup, pero sólo el 14% de los republicanos estuvo de acuerdo con esa afirmación, mientras que el 72% de los encuestados del Partido Republicano dijo que eran necesarios "cambios menores".
Varios estrategas republicanos advirtieron el miércoles que el descontento con la policía, y el disgusto por los actos nefastos de Chauvin durante su enfrentamiento con Floyd –el pasado mes de mayo–, no deben confundirse con una oleada de apoyo a cambios drásticos en las leyes que rigen la actividad policial en este país dentro de la base del Partido Republicano.
El apoyo al veredicto de Chauvin, dijo el veterano encuestador republicano Neil Newhouse, "no significa que haya apoyo a un esfuerzo nacional para reformar la policía".
"Puede que los republicanos acepten algunos fragmentos, pero en 2022 la participación será probablemente menor, una elección típica de mitad de mandato, lo que la convierte en una elección de base", dijo Newhouse. "Es difícil ver cómo avanzar hacia un compromiso en un tema como este y ayuda a motivar a tu base o incluso ayuda a ganar los votos del otro lado. [...] Cualquiera que sea el proyecto de ley que los demócratas están impulsando, probablemente va a ir demasiado lejos para la mayoría de los republicanos moderados".
El gobierno de Biden, consciente del difícil terreno político del Congreso, ha empezado a aprovechar los poderes del Poder Ejecutivo para adoptar un papel más activo en la reforma policial. El secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció que el Departamento de Justicia inició una investigación civil federal sobre las prácticas policiales en Minneapolis para determinar si el Departamento de Policía tiene "una pauta o práctica de actuación policial inconstitucional o ilegal".
Garland señaló que la investigación analizará si el Departamento hace un uso excesivo de la fuerza y también examinará su formación, supervisión y políticas de "uso de la fuerza". Biden también ha expresado su confianza en el liderazgo de Vanita Gupta, que fue confirmada como secretaria de Justicia adjunta el miércoles después de que la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, rompiera filas con su partido para respaldar a Gupta, afirmando que tiene la capacidad y la experiencia necesarias para ayudar a "erradicar la actuación policial inconstitucional y reformar nuestro sistema de justicia penal".
Pero el Poder Ejecutivo tiene sus límites y, en última instancia, tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris han reconocido que cambiar las leyes en el Congreso ofrece la posibilidad más duradera de reforma.
Señales de esperanza en el Senado
En el Senado, parece estar desarrollándose un verdadero esfuerzo para buscar un compromiso, liderado para los republicanos por Scott, el único senador negro del Partido Republicano, y para los demócratas por el senador Cory Booker, de Nueva Jersey.
Las conversaciones se han complicado durante meses por los desacuerdos sobre la cuestión de la inmunidad cualificada de la policía, una doctrina judicial que protege a los agentes de ser considerados personalmente responsables de las violaciones constitucionales siempre que no violen la ley, y los esfuerzos en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes para facilitar el enjuiciamiento de los agentes en virtud del artículo 242 del Código Penal. Los defensores de la reforma afirman que la inmunidad cualificada ofrece de hecho a la policía impunidad para hacer un uso excesivo de la fuerza en los encuentros con la población negra.
Aun así, Scott dijo que las conversaciones informales podrían concluir en la próxima semana o dos. Y Booker calificó a su colega republicano de "intermediario honesto". La representante demócrata Karen Bass, de California, autora del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, ha dicho que cree que Scott es sincero en la búsqueda de un acuerdo, y el miércoles dejó entrever un posible compromiso sobre la inmunidad cualificada.
"Hay una manera de poner más de la carga en el Departamento o en el empleador que en el empleado", dijo el miércoles. "Creo que puede ser un paso lógico hacia adelante y que, como he conversado con Karen Bass en las últimas semanas, es algo a lo que los demócratas son bastante receptivos".
Scott, quien ha ofrecido un proyecto de ley menos amplio que el que aprobó la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, dijo que los cambios en el lenguaje de la Sección 242 no estaban "sobre la mesa" para él.
El miércoles, en el programa "The Situation Room with Wolf Blitzer", de CNN, Bass dijo que valía la pena considerar el enfoque de Scott, pero que los agentes de policía debían rendir cuentas, en unos comentarios que parecían indicar fuertes diferencias con el oriundo de Carolina del Sur.
"La inmunidad cualificada y la Sección 242 [...] son verdaderos componentes clave del proyecto de ley, y tenemos que asegurarnos de que eso esté ahí", dijo. "Por eso, Derek Chauvin se sintió tan arrogante al torturar a George Floyd hasta la muerte".
Puntos de fricción en aspectos clave
Cualquier compromiso sobre la inmunidad cualificada tendría que ser aprobado por los progresistas y los grupos de derechos civiles, que lo consideran vital para revertir décadas de discriminación y brutalidad hacia los estadounidenses de raza negra.
El representante demócrata progresista Jamaal Bowman, de Nueva York, declaró el miércoles a CNN que no sería aceptable trasladar la responsabilidad de los agentes de policía a sus Departamentos. Los reformistas sostienen que los agentes de policía deben asumir la responsabilidad individual de sus acciones.
"El centro del problema es que no son solo los Departamentos de Policía en su conjunto, sino los agentes a los que se les permite actuar con impunidad", dijo Damon Hewitt, presidente en funciones y director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, una organización no partidista.
"¿Hay algo que sirva de contrapeso para impedir que hagan el tipo de cosas que hizo Derek Chauvin? La responsabilidad del Departamento de Policía sería, en mi opinión, insuficiente para hacerlo", dijo Hewitt.
Los defensores de mantener la inmunidad cualificada afirman que eliminarla haría que los agentes dudaran en situaciones repentinas y peligrosas en las que la fuerza podría ser necesaria y en las que una falta de actuación podría ponerles a ellos o a los transeúntes en peligro.
"Los agentes realizan tareas vitales que requieren decisiones en fracciones de segundo en circunstancias intensas", dijo el representante republicano Carlos Giménez, de Florida, durante un debate sobre la Ley George Floyd antes de su aprobación en la Cámara de Representantes, en marzo.
Giménez argumentó que eliminar la inmunidad cualificada llevaría a los agentes a retirarse y haría que la comunidad fuera menos segura, ya que les sería "imposible hacer su trabajo".
Pero aunque el debate, conducido para los republicanos por el representante pro-Trump Jim Jordan, de Ohio, presentó algunos argumentos fundamentales sobre el proyecto de ley, también se impregnó de la política partidista que puede condenar el compromiso del Senado.
"Lo que este proyecto de ley hace en última instancia es desfinanciar a la policía", dijo la representante republicana Kat Cammack, de Florida, utilizando un eslogan popularizado por Trump y los presentadores de opinión de noticias conservadoras para impulsar su narrativa de "ley y orden" de línea dura durante la campaña presidencial de 2020. "Usted dice que este es un proyecto de ley de reforma. Yo digo que es una porquería".
Terry Sullivan, estratega republicano veterano y socio de Firehouse Strategies, dijo que queda por ver si los líderes dentro de los dos partidos pueden empujar a sus miembros a ir más allá de la dinámica actual que ha creado tanta parálisis en el Congreso, que describió como "un juego de todo o nada" en el que "prefieres tener un tema para golpear a tu oponente en la cabeza" que ganar una victoria parcial en la política.
"Este es un ejemplo perfecto del problema más grande que hay ahora mismo en el Congreso", dijo Sullivan, " si se da a elegir entre la victoria política a corto plazo y los objetivos políticos a largo plazo, la victoria política a corto plazo casi siempre gana".
