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La Colombia que deja Iván Duque: desafíos, fracasos y logros
(CNN) -- El Gobierno del presidente Iván Duque termina. Faltan horas para que Duque, quien llegó al cargo más importante del país a pesar de su poca experiencia en la función pública, cumpla su mandato y abra sí una nueva era para Colombia. CNN consultó a varios analistas para esbozar cómo llega el país a una nueva gestión con retos importantes como la implementación del posconflicto, combatir la violencia en auge y sacar al país de la crisis social y económica.
Duque (Bogotá, 1976) entrega el mando el 7 de agosto. Tras cuatro años en la Presidencia de Colombia, entre 2018 y 2022, Duque deja un país en el que han ocurrido graves hechos de violencia, con el fenómeno no resuelto del asesinato de líderes sociales y un enorme descontento social que se evidenció durante años de protestas contra su Gobierno, aunque con algunas políticas que pueden darle un respiro al final del mandato: un mejor manejo de la pandemia y el estatuto de la protección de los migrantes.
"El país está en una situación absolutamente dramática debido a los problemas de seguridad que existen, tanto en lo que tiene que ver con el conflicto armado como en lo que tiene que ver con la seguridad en las ciudades", le dijo a CNN en Español el analista político Camilo Prieto, profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, sobre la presidencia de Duque, entre 2018 y 2022.
Según Prieto, "no hay absolutamente ninguna reforma, ninguna política que uno pueda destacar en este tiempo" en el Gobierno de Duque.
Prieto señala, entre otros problemas, "el incumplimiento del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, el surgimiento de grupos armados en zonas rurales, el asesinato de líderes sociales, además de las crisis sociales acentuadas por la pandemia de coronavirus".
El posconflicto durante el Gobierno de Iván Duque: implementación a medias y escándalo
Una de las situaciones más desafiantes que deja Duque es una Colombia marcada por la violencia. Durante su gestión, desde agosto de 2018 hasta agosto de 2022, fueron asesinados más de 957 líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de 261 firmantes del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Hubo, además, 220 casos de desapariciones forzadas durante el mandato, dice Indepaz.
"No se implementó el acuerdo de paz de manera integral y eso está permitiendo el resurgimiento de violencia de una forma grave, sobre todo recomposición de grupos armados y un resurgimiento del narcotráfico", dijo a CNN Camilo González Posso, director de Indepaz, una organización no gubernamental que investiga los hechos de violencia en el país.
Si bien Duque ha dicho que defiende "la paz con legalidad", analistas como González Posso consideran que hay un incumplimiento de los acuerdos y que eso ha hecho que se repitan formas de violencia como las de antes de los acuerdos.
"En ese sentido es como el peor balance del Gobierno que ha ofrecido una simulación para vender una imagen a nivel internacional de que respeta la paz, pero al mismo tiempo la sustitución de la paz por una política de seguridad para una nueva guerra", dice González Posso.
Duque ha defendido su gestión en seguridad y en su último discurso de gobierno ante el Congreso exaltó la gestión, aunque el balance muestra que se ufanó en el ámbito internacional por algo que a nivel interno no desarrolló a cabalidad.
En abril de este año, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Duque dijo que su Gobierno "promovió la extensión de la Ley 1448 (la Ley de Víctimas)" y en julio ante el Congreso, en su discurso final ante el Congreso, señaló que "extendimos por 10 años la ley que las protege". No obstante, como verificó ColombiaCheck, eso es falso, pues su administración se opuso a la demanda que buscaba esa extensión, otorgada por una orden judicial, y que por lo demás el partido de gobierno, el Centro Democrático, estuvo en contra de cumplir esa orden. Lo mismo pasó con las curules de las víctimas, algo que ante la ONU exaltó pero a lo que en Colombia él y su partido se opusieron.
Según un informe de Human Rights Watch de 2021, muchos de quienes se sometieron a la voluntad de paz están a merced de la violencia y los mecanismos de protección del Ejecutivo presentan “graves deficiencias”.
"Este Gobierno escogió cumplir el acuerdo con las FARC a medias", dijo Prieto. "Eso implicó que un enorme número de personas que en principio estuvieron dispuestas a desmovilizarse, guerrilleros de las FARC, volvieran a las filas de lo que ahora son las disidencias, a las filas de grupos que antiguamente combatían, como por ejemplo grupos paramilitares de bandas criminales organizadas".
"Sin duda alguna, estos grupos, tanto de disidencias (de las FARC) como bandas criminales han seguido reclutando personas", agrega Prieto. "El asesinato de líderes sociales no para, siguen las masacres, sigue la presencia de estos grupos en una cantidad de lugares donde supuestamente el Estado tenía que hacer presencia y no lo hizo".
Además, el Gobierno de Duque cierra con una mancha en cuanto a la implementación del acuerdo de paz por cuenta de señalamientos de presunta corrupción: medios reportaron en julio que unos US$ 120.000 millones para los proyectos del acuerdo de paz (en el Ocad Paz, Órgano Colegiado de Administración creado tras el acuerdo de paz para aprobar los dineros de regalías para proyectos en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, los más afectados por el conflicto) fueron para el pago de coimas de funcionarios del Gobierno, la Contraloría y congresistas, algo que el Ejecutivo ha rechazado. Hasta el momento no ha habido acusaciones formales en la Fiscalía, que investiga el caso, al igual que la Procuraduría, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia (en el caso de los congresistas señalados).
Es decir, además de las trabas que el Gobierno de Duque le puso a la implementación, hay sospechas de que esos recursos se desviaron para sobornos o habrían sido robados.
Las crisis sociales y los desafíos económicos
Una crisis social comenzó en 2019 tras las acciones del Ejército que llevaron a la muerte de menores de edad en Caquetá, los asesinatos de indígenas en Cauca a manos de grupos criminales (episodios que llevaron a la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero).
El descontento estalló en 2021 por la propuesta fallida de reforma tributaria (que llevó a la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla) que hizo salir a millones de personas a las calles varias ciudades del país. Si bien la administración de Duque la retiró, esta fue una oportunidad para que se ampliaran las manifestaciones por motivos más subyacentes, en un país que no solo estaba sitiado por la violencia, sino por la desigualdad social.
"Es la expresión mayor de rechazo a lo que fueron las políticas sociales y medias antidemocráticas, al manejo de este Gobierno de la situación de orden público y la respuesta policial a como si fuera situación de guerra a las protestas", dijo González Posso.
La respuesta gubernamental fue, según opositores y manifestantes, de estigmatización a la protesta y una reacción de fuerza desmedida por parte de las autoridades: según Temblores ONG, hubo 83 homicidios durante las manifestaciones, 44 de ellos por parte de miembros de la Fuerza Pública, cifras que el Gobierno no confirma y que CNN no puede verificar de manera independiente.
Según el analista, la respuesta que se le ha dado a la crisis social ha sido de inequidad y de "favorecer a los sectores más poderosos" diciendo que esta puede ser la respuesta a la crisis.
"Pero lo que hemos tenido es un escenario de desigualdad y de pobreza extrema, de informalidad, digna desesperación", asegura.
Y si bien el Gobierno ha dicho que la pandemia acentuó los problemas sociales, Prieto dice que sin pandemia tampoco hubiera habido un mejoramiento sustancial de la situación social.
"La política económica de Duque nunca estuvo enfocada a ello", dijo Prieto. "Desde un inicio Duque no tuvo una política de generación de empleo. Duque no tuvo una política de formalización del empleo informal porque no tuvo una política de desarrollo productivo que hiciera que se generaran más empleo en los sectores manufacturero, medio o servicios".
Duque supo recuperar los empleos perdidos en la pandemia —1,9 millones más en junio de 2022 frente a junio de 2021 según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)— pero cierra con una tasa de desempleo del 11,3% (cifra de junio), una mejoría con respecto a junio de 2021 (14,6%), pero aún por encima del 9,1% de junio de 2018, justo antes de asumiera su mandato.
Tampoco logró mejorar la formalidad laboral: la tasa de ocupación en junio fue de 56,5%, mientras que en junio de 2018 era de 58,3%.
Durante su Gobierno, la inflación pasó del 3,23% en septiembre de 2018 —la primera medición de su gestión— al 10,21% en julio de 2022, según datos del Banco de la República. Y el precio del dólar pasó de 2.898 a 4.336 pesos al 5 de agosto. El dólar alcanzó su punto máximo en julio de 2022, llegando a los 4.400 pesos.
El DANE reportó que la tasa de pobreza aumentó del 36% en 2019 al 42,5% en 2020. Para 2021 la cifra fue de 39,3%. Y un estudio del DANE de 2020 reportó que el número de familias colombianas que comen menos de tres veces al día se triplicó desde el inicio de la pandemia.
El profesor de Sociología e Historia José Alejandro Cifuentes le comentó anteriormente a CNN que la situación económica que enfrenta Colombia es sombría y está enredada con su historia de guerra civil y desigualdad.
"Estamos en una situación muy grave frente al acceso a la educación superior, al empleo, y nos enfrentamos a una situación de alto empleo informal que es el único espacio que les queda a estos jóvenes", dijo Cifuentes en relación con los jóvenes colombianos que salieron a las calles a expresar sus frustraciones y preocupaciones.
Acciones militares y capturas
La violencia en el país no solo se ha dado a mano de los grupos armados ilegales. Durante el mandato de Duque se han denunciado varias veces ataques del Ejército a civiles, que el Gobierno ha justificado diciendo que son blancos legítimos porque esconden "terroristas".
Uno de esos escándalos le costó el puesto a su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, en noviembre de 2019, cuando se denunció que ocho menores murieron en un bombardeo del Ejército contra organizaciones criminales en Caquetá, en el occidente del país.
En dos ocasiones congresistas debatieron la moción de censura del ministro de Defensa saliente, Diego Molano: primero en mayo de 2021 tras las las denuncias de abusos de miembros de la Fuerza Pública en las protestas (y luego del bombardeo a un campamento de disidentes guerrilleros en el que murieron niños en marzo de ese año), y luego en mayo por un operativo militar en Putumayo en el que murieron civiles, incluyendo un menor de edad. Ninguna de las mociones prosperó.
También durante la administración de Duque se destapó otro escándalo relacionado con presuntas órdenes del comandantes del Ejército, general Nicasio Martínez, a altos oficiales para que, según The New York Times, los batallones duplicaran "la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla".
Martínez fue destituido de su cargo. En ese momento Martínez dijo estar "presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley”.
El general sostuvo en ese momento que no existe ninguna investigación en su contra por este ni otros casos en ninguna instancia judicial y manifestó que las órdenes que se han dado son para mejorar "los resultados operativos".
González Posso dice que el Gobierno de Duque implementó una doctrina de seguridad en la que trata "los problemas sociales y los problemas políticos y la inconformidad" con una estrategia de guerra interna.
Duque se hizo elegir con la bandera de "paz con legalidad", de combate a los grupos criminales y ajustes a lo que su partido consideraba vicios del acuerdo de paz con las FARC ("ni trizas ni risas", dijo en campaña).
"Es como volver al pasado, como si la futura nueva normalidad fuera en realidad un regreso a las viejas expresiones. Entonces de la crisis social muy profunda", dice González Posso sobre el conjunto de las crisis en el país, que incluyen el narcotráfico.
En octubre de 2021, Duque se alzó con un duro golpe al narcotráfico con la captura del líder del Clan del Golfo, una peligrosa organización criminal, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. El mandatario comparó su captura con la caída del capo de las drogas Pablo Escobar. Luego, en mayo, Otoniel fue extraditado a EE.UU., lo que muchos criticaron por llevarse la verdad en detrimento de la víctimas.
Pero la extradición de Otoniel solo generó más violencia y días después el Clan del Golfo hizo un paro armado en al menos 10 de los 32 departamentos del país. En esa misma semana, el fiscal contra el narcotráfico de Paraguay Marcelo Pecci fue asesinado a tiros en una playa privada en Cartagena.
En julio un denominado plan pistola del Clan del Golfo llevó a la muerte de policías y militares en varios sitios del país. A pesar de las detenciones y bajas de líderes criminales, el orden público sigue siendo un flagelo que azota Colombia, y el presidente del partido de la seguridad democrática no consiguió cifras contundentes en seguridad, según expertos.
El informe de la Comisión de la verdad
A finales de junio de 2022, la Comisión de la Verdad entregó un histórico informe final de la memoria del conflicto armado que diezmó al país durante más de medio siglo.
El informe sostiene que, a cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, (cuatro años a cargo de Duque) "la lenta y parcial implementación de lo pactado, sumada al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas, han obstaculizado la posibilidad de avanzar decididamente hacia la construcción de paz".
De hecho, aunque en el papel Colombia es un país en posconflicto, la cantidad de personas desplazadas internamente sigue aumentando a medida que otros grupos armados continúan enfrentándose violentamente, explica en este artículo de CNN Julia Margaret Zulver. El país tiene el tercer mayor número de desplazados internos en el mundo, solo detrás de Siria y la República Democrática del Congo.
Duque no asistió a la entrega oficial del informe de la Comisión de la Verdad, y fue el presidente electo Gustavo Petro quien recibió el documento de manos de Francisco de Roux, presidente de la Comisión. En un evento privado al día siguiente en la Casa de Nariño De Roux le entregó el informe.
"Son recomendaciones que no son vinculantes", dijo Duque y añadió que el informe permite "propiciar un debate que trascienda el estar de acuerdo o no con las recomendaciones".
El cerco diplomático a Maduro
"A la dictadura de Maduro le quedan muy pocas horas", dijo Duque el 1 de febrero de 2019 en una cumbre de gobernadores. "Hay un nuevo régimen institucional gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países", añadió. El 23 de enero de ese año el opositor de Juan Guaidó se había proclamado presidente interino y fue reconocido como tal por Colombia y decenas de países más.
Durante su campaña a la presidencia en 2018, Duque hizo de Venezuela un eje: su partido puso vallas que decían "No quiero vivir como venezolano" y el entonces candidato hizo referencias a la situación del país vecino bajo el mando del presidente Nicolás Maduro. Una vez en el Gobierno, Duque lanzó el concepto del "cerco diplomático" para presionar una solución pacífica a la crisis política en ese país y rompió relaciones con la administración de Maduro.
Hoy Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional, aunque cuestionado, de Venezuela.
En entrevista con Alejandra Oraa de CNN en Español en junio, Duque reconoció que tal vez fue un "error" haber dicho que a Maduro le "quedaban días" en su momento, pero defendió el "cerco diplomático".
"Lo que nunca fue un error y nunca será un error es el cerco diplomático", le dijo a CNN en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas. "Porque la razón por la cual Nicolás Maduro hoy tiene más de 50 países que no lo reconoce y la razón por la cual está presionado a tener que ir a México a sentarse en la mesa con la resistencia democrática es justamente porque hubo un cerco diplomático y unas denuncias de sus comportamientos ante la Corte Penal Internacional y eso siempre será para mí un motivo de orgullo", dijo.
"Vamos a seguir luchando hasta el último de nuestros días para que Venezuela vea el retorno a la democracia", concluyó.
El presidente electo Gustavo Petro anunció el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Duque, por su parte, le dijo a Andrés Oppenheimer que Petro "fue un defensor del modelo de Hugo Chávez y ha sido también cercano a Nicolás Maduro" y calificó que las relaciones con el cuestionado presidente de Venezuela terminan "favoreciendo su brutalidad como dictador en detrimento del pueblo venezolano".
Desfavorabilidad
Duque es, hasta este momento, el presidente con el puntaje más alto de desfavorabilidad desde hace casi 30 años, según la encuesta país de Invamer que mide la favorabilidad de los presidentes desde 1994.
La desaprobación más alta de Duque ha llegado al 76% en abril y mayo de 2021. Para julio, la aprobación de Duque quedó a un 27% y su desaprobación era del 68% en esa encuesta.
Y además, a pesar de haber sido elegido por el expresidente Uribe como candidato y representante de su partido político, su Gobierno se ha alejado de la rama más conservadora del uribismo, dejándolo en un difícil escenario político, donde parece estar gobernando solo.
"Duque se hace elegir con el uribismo, pero gobernó con sus amigos", dijo a CNN en Español el analista político Rafael Nieto Loaiza. "Y abandonó la posibilidad de gobernar con el uribismo. Y eso es parte del resentimiento de la base uribista, incluso con el (ex)presidente Uribe".
Duque no se ha referido a las críticas de sectores del uribismo y al ser cuestionado por las críticas de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal (en junio fueron filtrados y difundidos audios suyos en los que despotricaba con improperios del presidente), el mandatario saliente dijo en agosto: "A las bajezas, altura".
En junio, Duque visitó al expresidente Uribe en Montería. Uribe es investigado por un caso de presuntos testigos falsos y se alejó de la política electoral en los últimos meses.
Las luces del Gobierno de Duque
En su mandato Duque tuvo que enfrentarse a dos situaciones particulares que, según la opinión de analistas, sacó avante y pueden ser reconocidas en medio de tanta crisis de gobernabilidad.
Uno de estos fue la crisis del covid-19. Su mandato se vio atravesado por una pandemia única en un siglo que obligó al país a cerrar durante meses, y en contra de lo que sus críticos vaticinaban, el Ejecutivo cumplió con sus medidas para controlar el covid-19 y tener vacunados a millones.
"Había mucho escepticismo. Se decía que (el plan de vacunación) iba a ser un fracaso, que habían negociado mal con los laboratorios", dijo Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.
"Pero se terminó cumpliendo las metas que el Gobierno se me había propuesto con el Plan Nacional de Vacunación, e hizo que Colombia de manera muy rápida tuviera indicadores de inmunización por encima del promedio en América Latina", agregó.
Según Our World in Data, hasta el 18 de mayo Colombia tenía poco más del 69% de personas completamente vacunadas, y cerca del 13% de personas parcialmente vacunadas. El promedio de vacunación de los países de Sudamérica es de 74,5% de personas totalmente vacunadas, y 9,6% de personas parcialmente vacunadas.
Y por otra parte, según Prieto, está el estatuto de protección a migrantes venezolanos, en medio de una de las peores crisis humanitarias de la actualidad que llevó a casi un millón de venezolanos a huir de su país.
"Es la única política que yo creo que hace una diferencia, ha sido una política excelente, ha sido una política modelo para todo el mundo, no solamente para América Latina, sino para el mundo".
"Y ese estatuto de la protección de los migrantes, le ha abierto una cantidad de posibilidades a los migrantes venezolanos", agrega.
Por lo demás, señala Prieto, "es imposible registrar una sola política que uno diga: 'esto transformó algo'" en Colombia durante la presidencia de Duque.
